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Hoy se celebra en todo el mundo el día internacional de la clase obrera, fecha fijada por un congreso de trabajadores socialistas realizado en Francia, en el año 1889, en honor a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en la horca por su participación en la huelga general que se desarrolló en los Estados Unidos hace exactamente 130 años.
El presidente norteamericano de ese entonces, Andrew Johnson, había promulgado una Ley, denominada Ingersol, que establecía la jornada laboral de 8 horas. Pero como sucede aún hoy con muchos derechos que en teoría protegen a los asalariados, la mencionada normativa no fue acatada por las patronales, motivando movilizaciones y el llamado a la huelga para que la misma sea respetada, calificada por el New York Time como “el delirio de lunáticos poco patriotas”.
En Chicago, donde las condiciones laborales eran mucho peor que en otras ciudades del país las movilizaciones no se restringieron al 1 de mayo sino que siguieron otros dos días más, registrándose graves enfrentamientos entre huelguistas, de un lado, y policías y rompe huelgas contratados por los empresarios, del otro. A raíz de ello se declaró el estado de sitio y el toque de queda, produciéndose la detención de centenares de trabajadores, que fueron torturados y acusados del asesinato de un policía.
A fines de junio de 1886 se inició el juicio que fue una farsa desde el comienzo al fin, que concluyó con la condena de cinco dirigentes a morir en la horca. No obstante, la jornada de ocho horas fue aceptada por muchas patronales a finales de mayo de 1886 y millones de trabajadores se afiliaron a las organizaciones sindicales existentes.
A 130 años de aquellos acontecimientos históricos, en nuestro país aún resta mucho por hacer en cuanto a derechos laborales se refiere. Si bien está en aumento la cantidad de empresas que se hallan en proceso de formalización, un amplio segmento del pueblo trabajador sigue cargando sobre sus espaldas con jornadas que superan las 8 horas establecidas en la legislación laboral, la que por cierto experimentó un grave retroceso durante el gobierno de Fernando Lugo, quien impulsó y luego promulgó la Ley de micro, pequeñas y medianas empresas, conocida como “mipymes”.
Con esa normativa se modificó de hecho el Código del Trabajo y se perdieron antiguos derechos, tales como la indemnización por despido injustificado, la obligatoriedad de pagar el salario mínimo, vacaciones y el seguro al Instituto de Previsión Social, entre otros.
Desde luego que la dirigencia sindical tiene gran responsabilidad de que eso haya sucedido. Corrompida hasta los huesos, no ha sido capaz de construir sólidas organizaciones gremiales, lo cual en nuestro país sigue siendo una tarea pendiente e imprescindible de llevar a cabo para que los trabajadores puedan acceder a condiciones de vida más justas, como se merecen.