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En ejercicio de sus facultades constitucionales, el presidente Horacio Cartes resolvió ayer vetar la ley por la cual el Congreso decidió otorgar un “subsidio” de hasta 51 millones de guaraníes por cada labriego propietario de 30 hectáreas o menos, que de ser promulgada significaría un golpe fenomenal a las arcas públicas, y la remitió nuevamente al Poder Legislativo, cuyas dos cámaras deberán reunir mayoría absoluta de votos para ratificar la normativa.
La determinación fue aplaudida por amplios segmentos de la sociedad, las redes sociales explotaron con mensajes de adhesión y los gremios empresarios elogiaron la actitud del presidente como nunca antes lo habían hecho, saludando su coraje, destacando su patriotismo, etcétera, etcétera. Pero ahora hay que poner el hombro, pues los comunicados y las ruedas de prensa, aunque positivos, de ningún modo serán suficientes para hacer frente a un conflicto que, según sus propios actores y promotores, se agudizará en el curso de los próximos días.
La legislación en cuestión no resistió críticas elementales como, por ejemplo, de dónde sacar 876.000 millones de guaraníes, equivalentes a 156 millones de dólares, en el supuesto de que la misma alcanzara “solo” a 17.000 agricultores, como dicen Luis Aguayo, Elvio Benítez y cía. Los proyectistas produjeron un mamarracho de tal naturaleza que, a sabiendas o no, abrieron las puertas a que fueran muchos más los potenciales beneficiarios de dicha Ley, pues, según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), en nuestro país existen 254.000 que poseen parcelas de 30 hectáreas de extensión para abajo. Y no solo eso, en la “bolsa” pueden entrar desde créditos para la producción, pasando por motos o celulares, hasta los costos de las deudas judicializadas, incluyendo los honorarios de los abogados que llevan adelante las causas.
Así, el monto requerido para llevar a cabo la condonación es un verdadero misterio, lo que en términos legales constituye una barrabasada inaceptable. Por ejemplo, si de los 254.000 labriegos que potenciales podrían acogerse a los beneficios de la norma, tan solo el 10% tienen sus deudas vencidas, hablaríamos de una erogación de hasta 250 millones de dólares aproximadamente, y si fuera el 20%, de 500 millones. En otras palabras, lo que aprobó el Congreso fue librar un cheque en blanco, lo cual no tiene precedentes en materia legislativa y, menos aún, presupuestaria.
Otro dato adicional, que se desprende del mensaje del presidente. Lo resuelto por el Congreso, tomando como base a 17.000 beneficiarios, no a 25.000, ni a 50.000, ni a 75.000, constituye el mismo monto que hoy reciben en concepto de subsidio alimentario más de 700.000 paraguayos, en los marcos de los programas Tekoporã y de asistencia a Adultos Mayores. Puesto de otra manera, esos 17.000 y sus respectivas familias incluidas, es decir 85.000 personas, quieren como mínimo lo mismo que recibe la totalidad de los paraguayos en situación de pobreza y pobreza extrema.
De lo expuesto se deduce que el veto presidencial es la respuesta racional a lo irracional, lo cual explica el apoyo masivo a la medida. Pero ahora se escribirá un nuevo capítulo de esta historia. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que antes amenazaron con “hacer correr ríos de sangre” si no se aprobaban con sus exigencias, ya anunciaron que desde el lunes próximo “profundizarán” la medida de fuerza.
No sabemos exactamente lo que eso significará en la práctica y los mentores políticos del conflicto, léase Efraín Alegre, Fernando Lugo y Mario Abdo Benítez, difícilmente nos lo cuenten. Por lo pronto ya vienen abusando groseramente del derecho a manifestarse, copando con actitudes violentas la zona céntrica de Asunción y violando impunemente la garantía constitucional de los terceros a transitar libremente.
Lo que sí sabemos es que para hacer frente a quienes pretenden imponer su voluntad por la fuerza no bastan los pronunciamientos, ni las ruedas de prensa. Será necesario mucho más que eso y la Feprinco, la UGP y las organizaciones que reclamaban el veto a voz en cuello, deberían saberlo, esperando de ellas que se movilicen en términos prácticos, como lo hacen con sus “tractorazos” y otras acciones cada vez que se ven afectadas en sus intereses. Lo mismo vale para el Partido Colorado y todas las fuerzas políticas y sociales que saludaron lo resuelto por el presidente.
La situación exige defender el veto presidencial de manera efectiva y concreta. Hay que salir las calles y a todas las rutas del país, pacíficamente, para demostrar a los que persiguen “dudosos” fines y a los parlamentarios que volverán a tratar el tema, que una inmensa mayoría respalda la decisión, así como el normal funcionamiento institucional de la República y la democracia, que hoy se encuentran amenazadas.