ADN Digital
El diario de Zuccolillo anda detrás de algo muy “gordo” en estos días. Quiere publicar la declaración jurada de bienes de HC, primero y principal, aunque intenten solaparlo de mil formas, y luego la de todos sus colaboradores en un carnaval interminable que le hará vender muchos diarios y tomarse lo que será una dulce venganza contra quienes osaron enfrentársele.
Y, ¿Qué es lo que pretenden publicar? Nada menos que las declaraciones juradas de bienes solicitadas por ley a todos los funcionarios públicos. Es decir, la mención exacta de todo lo que tiene y no tiene en materia económica, lo que ha ganado hasta ese momento en que accede a la opinión pública. O sea, en palabras gruesas…su vida y milagros.
¿Cuál es la intención de la ley al respecto? La explicación es bien sencilla. Para comparar cómo entró y cómo se retira del cargo para el que fue escogido. Si hubo un aumento extraordinario de sus bienes, se debe abrir una investigación por enriquecimiento ilícito y de esta forma controlar el correcto uso del patrimonio público.
He aquí que un periodista de ABC, siguiendo seguramente instrucciones de “Don Acero”, solicito a la Contraloría, la entidad que maneja estos documentos, un listado de autoridades cuya declaración de bienes se requiere. No será para prenderles una vela por supuesto. Es para publicarlos, cuando todos o la mayoría de ellos sigue en funciones, lo cual resulta absolutamente inverosímil, ilógico, por donde se lo mire. Esos dosieres deben ser utilizados por los organismos de control pertinentes para cruzar los datos de los funcionarios públicos, cuando estos cesen en el cargo, y tras el balance correspondiente establecer sanciones o darles el ok pertinente.
Hete aquí que un ignoto juez de primera instancia, queriendo congraciarse con el diario, concedió al periodista su solicitud argumentando una serie de dislates legales.
La Contraloría se negó a proporcionar los datos y anunció que apelará la decisión judicial, con lo cual desató todas las iras del diario de Zuccolillo. En la edición de ayer, el tema fue objeto de un titular principal en tapa y un editorial dedicado al asunto. Es decir una campaña, con toda la fuerza posible. Ahora viene la seguidilla de publicaciones con el afán de doblegar al “miserable, corrupto, desubicado” contralor que osa oponerse a los designios de “Don Acero”.
Ojo que no estamos sosteniendo que las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos deben ser impublicables. Pueden -y deben- divulgarse, pero en la instancia adecuada y sobre todo si hay indicios de irregularidades en el ejercicio del cargo, una labor que por supuesto debe estar a cargo de la Contraloría, la que debe asumir la responsabilidad de dar a conocer esos datos. ¡No cuando se le ocurra a ABC!, que quiere llevárselo todo por delante, como siempre.
No hay que permitirlo. La Contraloría está obrando correctamente. No dice no. Quiere entregar esos documentos en el momento preciso o bien por solicitud de un juez competente. Los escribas de ABC, siguiendo órdenes del patrón, lo denigran porque quieren ser los árbitros en esta materia.
Este diario no debe marcar más la hoja de ruta de las autoridades nacionales. No lo merece. ¿Acaso no juega su propio partido como quedo en evidencia con el caso de los famosos audios filtrados? Escogió a quienes hacer daño y cuando sus compinches aparecieron en escena, cerró el asunto.
“Acero” debería retirarse a sus cuarteles de invierno y dejarse de hacer daño al país.