María Elena Wapenka, Alberto Ramírez y Jaime Bestard, miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
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Abdistas y opositores planean repartirse la Justicia Electoral

Mañana estaría listo el libelo acusatorio contra los tres miembros del TSJE, para poner en marcha el juicio político y la destitución de todos ellos. El objetivo de los promotores no es otro más que barrer con la cúpula del máximo organismo electoral y colocar a sus “hombres de confianza” en esos cargos estratégicos. La peligrosa confabulación es parte del proceso de copamiento institucional que impulsa el nuevo grupo de poder, advierten.

ASUNCIÓN.- Aunque el libelo acusatorio, que será presentado mañana, firmado por representantes de varias bancadas, se basa en la acusación por mal desempeño en sus funciones y prevaricato, en contra de Jaime Bestard (ANR), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF), la verdadera intención de abdistas y opositores es copar la Justicia Electoral de manera a manejar los resultados de futuras elecciones, tanto municipales como generales.

Esta es solo la conclusión de un proceso que se inició hace tiempo, cuando la mayoría que les otorga impunidad, estos sectores empezaron a ignorar olímpicamente todas las decisiones del TSJE, como la proclamación de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores y –aunque no oficialmente- el dictamen de expertos de la Justicia Electoral, que indicaban que la banca dejada por el oviedista Jorge Oviedo Matto en la Cámara de Senadores correspondía a la ANR y no al PLRA, como finalmente resultó.

Así que el ninguneo a la Justicia Electoral, por parte de Colorado Añetete y sus aliados de la oposición viene desde hace un tiempo. Aunque los abdistas no deberían quejarse de cómo administraron las elecciones de abril pasado, lo cierto es que han asumido la misma actitud que el PLRA, Frente Guasu y el PDP, de abierto enfrentamiento a quienes tienen la responsabilidad de convocar, organizar y juzgar elecciones en el país. Y es eso justamente lo que hizo el TSJE al llamar a elecciones municipales en Ciudad del Este, luego de la renuncia de Sandra McLeod, y con buen criterio, suspendieron su resolución una vez que la Cámara de Diputados decidió la intervención del municipio.

Durante casi dos décadas se intentó juzgar a los miembros del TSJE varias veces, especialmente a Ramírez Zambonini. Y los tres están denunciados ante la Fiscalía por el caso de planilleros, viáticos y hasta una financiera kañy administrada por ellos mismos. Pero jamás corrió ninguna denuncia porque los mismos legisladores tenían intereses en el tribunal, donde eran contratados sus operadores políticos.

Si ahora están decididos a juzgarlos es porque están dando el toque final a su intención de copamiento de la Justicia Electoral y, con ella, de las elecciones.

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