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Absolución o condena siempre tienen un precio

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A la Cámara de Diputados le llevó nada más que veinte días la aprobación de la Resolución que decide formular “…acusación ante la Honorable Cámara de Senadores, contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores: Miguel Óscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay Zucolillo y Víctor Manuel Núñez Rodríguez, como también del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, señor Alberto Cástulo Ramírez Zambonini, por mal ejercicio de funciones y comisión delitos comunes, a los efectos de la instauración del juicio político establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional…”. Desde la entrada de la iniciativa, el 24 de noviembre de 2014, hasta la aprobación de la Resolución Nº 1059, de fecha 10 de diciembre de 2014, dictada por la Cámara de Diputados.

Inmediatamente después, la Cámara de Senadores recibió la acusación, y al día siguiente se dispuso su remisión a la Comisión Asesora de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Desde entonces, ha tenido que transcurrir quince meses para que viera la luz el dictamen que recomienda al pleno, se constituya en “Tribunal” para el inicio del Juicio Político, firmado por seis de doce miembros que integran dicha Comisión.

Lo reseñado hasta acá, es solo reflejo fiel de cuanto se encuentra publicado en la página web del Sistema de Información Legislativa, que nada aporta respecto a la posición asumida por el otro cincuenta por ciento de los miembros de la Comisión. En otros términos, el medio de información oficial, no nos permite conocer, si aquellos quienes no firmaron el dictamen adoptaron este temperamento, como manifestación de disconformidad (a pesar de no haber emitido un dictamen en disidencia o en minoría), por irresponsabilidad, por ausencia, o por oportunismo.

Pero, el efecto inmediato de la emisión del Dictamen que recomienda la celebración del Juicio Político (o, de los Juicios Políticos), fue el recrudecimiento de las especulaciones sobre la existencia (o no) de votos suficientes para decidir la absolución o condena de uno, algunos o todos los – hasta hoy – acusados.

Junto a éstas, se han producido especulaciones de otro tipo, que afirman la intensificación de “negociaciones” destinadas a concretar  “pactos”, entre senadores y acusados. Se ha dicho y se menciona, que las conversaciones se mueven entre ofertas y exigencias de carácter económico, de solución de causas judiciales, otorgamiento de cargos para allegados y amigos, y compromiso de vigencia de compromiso para resolver cuestiones judiciales de relevancia política, a la medida de la conveniencia de los parlamentarios que voten por la absolución.

Frente a esto, se ha sostenido – también – que, desde el Poder Ejecutivo se mueven influencias y recursos para que “cierren los números” requeridos para la condena.

Este panorama desnuda la gravedad de la crisis moral que afecta a nuestra sociedad, pues hemos sido nosotros (integrantes de la misma sociedad), quienes elegimos a nuestras autoridades, y hemos sido – también – quienes nos mantuvimos en silencio ante los atropellos a nuestros derechos, a las leyes, y a la moral, protagonizados por integrantes de nuestro Poder Judicial.

Una o alguna resolución judicial agradable a nuestros intereses o criterios, han servido para anestesiarnos y hacernos olvidar de otras muchas, que consagraban la ilegalidad, la arbitrariedad o la injusticia.

Algunos parlamentarios dicen, por los medios de prensa, que el propósito del Juicio Político es renovar y sanear el Poder Judicial, pero…

¿Cómo creer en la sinceridad de propósitos, si solo someten a proceso, apenas al treinta y tres por ciento de los ministros de la Corte?

¿Cómo creer en ello, si los miembros de Diputados y Senado integran el Consejo de la Magistratura, desde donde siguen nombrando y confirmando a jueces y fiscales sin preparación académica, sin honestidad intelectual y moral?

¿Cómo creer en la honestidad de la alegada finalidad, si no se han tomado la molestia de examinar criteriosamente la conducta y el desempeño del Fiscal General del Estado y de la Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública?

¿Cómo creer en la nobleza de sus proclamas, si – pudiendo hacerlo – no han modificado la Ley para garantizar que el proceso de selección de candidatos a cubrir las futuras vacancias de la Corte permitirá la designación de los mejores, excluyendo a los amigos, a los correligionarios, a compinches o aliados?

Es imposible creer en la sinceridad de nuestros parlamentarios cuando, ni siquiera apuran el trámite del Juicio Político a Alberto Ramírez Zambonini, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a pesar de que se encuentra imputado y sometido a medidas alternativas a la prisión preventiva.

Los juicios políticos, desde hace tiempo, se han contaminado con los mismos intereses políticos y económicos que afectan la independencia e imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, compartiendo el “criterio” de que absolución o condena siempre tienen un precio.

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