ADN Digital
El proyecto de Ley que establece una nueva política salarial llegó ayer al Congreso, enviado por el Ejecutivo, que plantea que el aumento del salario mínimo se dé anualmente, en el mes de junio, adecuándolo al porcentaje de inflación dado a conocer por el Banco Central del Paraguay. Ya hemos analizado las ventajas que esto acarreará para la clase trabajadora, que ya no tendrá que sufrir el aumento de los productos básicos de la canasta familiar teniendo el mismo ingreso, hasta que, por fin, dicha inflación alcance el 10%.
Hay un sector empresarial, que ha participado activamente en la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores y el gobierno, que apoya esta modificación de criterios en cuanto al salario mínimo, que implica una revolución importante, porque por primera vez el monto del mismo estará adecuado a la realidad, y no como ahora, que la clase media trabajadora debe vivir ajustándose los cinturones porque los precios de los productos que debe consumir superan su capacidad adquisitiva.
Pero hay otro sector de empresarios que se opone a este proyecto con el argumento de que, de darse un aumento anual en base a la inflación, ocurrirá un espiral inflacionario imposible de atajar. Esta gente asegura que la idea será peligrosa para la economía, por lo que intenta convencer al Congreso que debe rechazarla.
En una nota publicada en ADN, el economista Amílcar Ferreira desmiente a estos empresarios con un ejemplo muy sencillo, si luego de dos años y medio del último aumento del salario mínimo (abril del 2014), la inflación ha aumentado apenas en un 7,2%, resulta evidente que no habrá ningún espiral inflacionario si el aumento es anual.
Así que ese es un argumento sin sentido. Lo que pareciera más sincero de parte de estos empresarios sería reconocer que lo que ocurre es que la sola palabra aumento salarial les produce ronchas y les surge instintivamente un profundo rechazo, porque para ellos lo único que importa son sus propios beneficios y no el bienestar de sus trabajadores.
Lo que ellos plantean, intentando mostrarse comprensivos, es que se establezca el 7% de inflación, en lugar del 10% (que es lo que dice la ley actual) para decretar el aumento salarial, que deberá ser del mismo porcentaje que la inflación.
Esto no soluciona el problema de raíz, que es la pérdida de la capacidad adquisitiva que enfrentan los trabajadores cuando los precios de los productos básicos aumentan y ellos siguen cobrando lo mismo. Lo que haría sería poner un parche al problema y no solucionarlo, ya que muy bien pueden pasar dos años o más para llegar a ese número, como pasó ahora.
Además, no se dan cuenta de la conveniencia de este proyecto para ellos mismos, puesto que siempre será más fácil sacar de sus bolsillos un pequeño porcentaje cada año que un 7% de golpe.
Pero este sector empresarial no es el único que se opone a esta nueva política salarial que pretende establecer el Ejecutivo. También hay políticos que dicen no estar de acuerdo con la idea y que pretenden que la ley continúe tal y como está, sin modificaciones.
El argumento de esta gente es lo más gracioso y absurdo de toda la historia. Dicen que si se aprueba el proyecto, esto daría rédito político al presidente Cartes; así que para ellos no importa que sea beneficioso para los trabajadores paraguayos. Parecen no entender que las buenas decisiones puestas en marcha por un gobierno, siempre benefician la imagen del mismo.
Habrá que ver si en las cámaras del Congreso, por una vez, prima el patriotismo y el interés hacia la ciudadanía y no los intereses políticos, a la hora de analizar este proyecto, que puede implicar un profundo cambio positivo para la clase trabajadora del país.