Estas máquinas que fueron decomisadas en julio del año pasado ya debieron ser destruidas, pero llamativamente todavía se dilata el procedimiento.
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“Actuación de la jueza llama mucho la atención”, indicó titular de Dinapi

Patricia Stanley, titular de Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.
Patricia Stanley, titular de Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

Las actuaciones de la jueza de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, antes llamaban poderosamente la atención a ciudadanos de este municipio y alrededores, pero ahora también esas inquietudes la vivieron propias autoridades del Gobierno, en especial los que luchan contra la piratería e ilegalidad. El jueves último, debían destruirse máquinas que eran usadas para falsificar marcas de cigarrillos y el envase de los mismos. Pero “llamativamente” la magistrada suspendió por segunda ocasión el procedimiento. Esto, aunque intentó esconderlo, irritó a la titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Patricia Stanley, quien con una comitiva proveniente de la capital del país se trasladó al Este para presenciar el acto. “Llama mucho la atención”, afirmó.

Alba Meza, jueza de garantías de Ciudad del Este.
Alba Meza, jueza de garantías de Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE.- La resoluciones de la citada magistrada desde hace tiempo son muy cuestionadas y llamativas en esta parte del país y los ejemplos sobran. Justamente, meses atrás, la magistrada fue escrachada mediante varios pasacalles que fueron colocados en varios puntos de la ciudad. En los mismos carteles la tildaban de haber sido beneficiada con la aprobación de un millonario crédito de un banco, presuntamente implicado en envíos irregulares de dinero al extranjero. Esta causa, “llamativamente” se tramita en su juzgado. Incluso, en esta causa, los fiscales Carlos Giménez, Juliana Giménez y Marcelo García de Zúñiga presentaron recusación contra la mencionada jueza, quien supuestamente demostró parcialidad y desconocimiento de la ley.

Además, fue muy criticada cuando resolvió que 136.390 dólares y G. 360.090.200 sean transferidos a dos cuentas abiertas en el juicio sucesorio del exfuncionario de Aduanas, Agustín Alegre Cano (fallecido en un percance rutero). La jueza, según los datos, no tuvo en cuenta la oposición del Ministerio Público, que sospecha que la citada suma eran productos de la coima.

Otro caso muy cuestionado y llamativo que tuvo como protagonista a Alba Meza fue la liberación en tiempo récord de cuatro uniformados procesados por supuestamente falsificar un informe policial para proteger a un homicida, tras el cobro de una coima de 1.400 dólares.

Estas son solo algunas “perlitas” de las actuaciones de la magistrada de garantías a lo que se suma su “extraña” actuación en una causa de violación de los derechos de marcas. En la misma, Meza suspendió, por segunda ocasión, la destrucción de las máquinas que falsificaban marcas de cigarrillos y envasaban a los mismos. Estos aparatos fueron decomisados el 19 de julio del año pasado, durante un procedimiento efectuado en dos depósitos situados en el barrio Pablo Rojas, de la capital departamental. En el allanamiento se descubrió que se falsificaban envases con marcas de cigarrillos internacionales, los cuales luego eran cargados y “exportados” preferentemente hacia el Brasil. La persona que alquilaba el sitio fue procesado, pero meses atrás murió, según los datos.

En dos ocasiones, fueron frenadas la destrucción de las máquinas decomisadas en esa ocasión. Para todos estos actos se presentó la abogada Patricia Stanley, directora de la Dinapi, ya que fue esta institución estatal la que investigó y denunció la presunta falsificación de marcas de cigarrillos. “Son dos ocasiones que se suspenden las destrucciones de las máquinas. Ahora, la jueza (por Alba Meza) nos convocó para el próximo 25 de julio nuevamente para una audiencia. Llama mucho la atención todo esto”, afirmó.

Por su parte, el abogado de la querella, Federico Huttemann, quien representa a las empresas de las marcas de cigarrillos, Phillips Morris y Marlboro, comentó: “El proceso debía terminar con la destrucción de las máquinas, pero sigue dilatándose. Ahora, supuestamente apareció otra persona que sería dueña de los aparatos y por eso se suspendió la destrucción”, relató.

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