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Advertencia del Senado será solo enunciado político electoral

Todos los sectores consultados asumen que el criterio del Poder Ejecutivo con relación a la emisión está protegido por las leyes y el mercado internacional no reaccionará de una manera diferente. Analistas especializados: Ricardo Rodríguez Silvero, Manuel Ferreira Brusquetti y Diego Duarte Schussmuller coincidieron en la legalidad de la operación. El Senado ve diluirse su intención de boicotear el proceso. El callejón al que se metieron los opositores y disidentes, los obligó ahora a intentar un proyecto de ley “para resolver el impasse” que ellos mismos crearon. El gobierno mantiene plazos, este mes emitirá los papeles en el mercado internacional.

Ricardo Rodríguez Silvero, economista.
Ricardo Rodríguez Silvero, economista.

ASUNCIÓN.- Desde que estalló la crisis iniciada por un grupo de senadores de la oposición y de la disidencia colorada con fuerte apoyo de los medios ABC Color y Última Hora, el gobierno se mantuvo en la legalidad de procedimiento corroborado por la Corte Suprema de Justicia.

Los analistas independientes coincidieron en esa legalidad y en similares términos se manifestó Ricardo Rodríguez Silvero, prestigioso profesional en el ramo. Explicó que “Paraguay no tendrá inconvenientes internacionales con lo relacionado a la emisión y colocación de bonos soberanos por parte del Estado paraguayo”.

Destacó, no obstante, que las trabas que el Senado intenta imponer podría generar perjuicios “y existe un peligro en esta inusual confrontación entre las partes interesadas”, sostuvo y agregó que “la situación puede ser perjudicial si se ponen trabas”.

La determinación de los senadores mencionados enfrenta a dos poderes del Estado e intentó desacreditar una sentencia de la máxima instancia tribunalicia bajo la acusación de que esta instancia “no puede expedirse sobre los bonos”. Sobre el punto, Rodríguez Silvero fue tajante: “La Corte Suprema de Justicia es la encargada de expedirse sobre el tema. Es la máxima autoridad”, sentenció el analista.

PRESUPUESTO VIGENTE

Los congresistas perciben sus dietas desde enero previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2016, vigente después del veto del PGN 2017, hecho que no fue cuestionado por el Senado.

Este escenario demuestra la vigencia del PNG 2016 y su ejecución genera otras atribuciones al Estado. Diego Duarte Schussmuller, economista y directivo de la calificadora de riesgos Solventa SA, coincide con esta situación y apunta que “el presupuesto 2016 está vigente con lo cual el Ejecutivo tendría las atribuciones para hacer esa emisión de bonos”, expresó.

Los senadores interpretan que deben ir por separado y el tema de los bonos debe pasar de nuevo a la consideración del pleno, cuando esto ya ocurrió en diciembre 2015.

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