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Aguayo y secuaces, imputados por desvío de G. 4.000 millones

Luis Aguayo, dirigente campesino imputado por lesión de confianza.

La Fiscalía imputó a 22 personas, entre líderes campesinos y funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por un perjuicio patrimonial  en contra del ente agrario de aproximadamente G. 4.000 millones, que debían ser destinados a pequeños productores. Entre los procesados  por lesión de confianza se encuentran Luis Aguayo y Antonio Gayoso, dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

Nadine Portillo, fiscal.
Nadine Portillo, fiscal.

ASUNCIÓN.-  La imputación fue presentada por la fiscal Nadine Portillo, contra 10 dirigentes de organizaciones campesinas y de organizaciones sin fines de lucro, así como 12 funcionarios del Indert, por el desvío de G. 4.077.790.616.

Según Portillo el desvió se concretó en el marco de un acuerdo con las diferentes organizaciones y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, firmados por su entonces presidente Marciano Barreto, en octubre de 2011.

Entre los imputados por lesión de confianza figuran Luis Aguayo y Antonio Gayoso, dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que recibió del Indert G. 1.000.000.000 para un “Proyecto de miniindustria” y un “Proyecto productivo”, que jamás llegó a los beneficiarios.

De acuerdo a la fiscala, en algunos casos, los proyectos ni siquiera tenían una envergadura técnica para ser considerados como tales. Es decir, eran simples listados de implementos u objetos que debían ser adquiridos para el fortalecimiento de las familias campesinas.

Igualmente, tras la investigación se comprobó que algunas comunidades nunca recibieron ayuda alguna de las organizaciones campesinas que fueron beneficiadas con los millonarios desembolsos por parte del Indert.

Añadió que se detectó también que algunos de los asentamientos que debían recibir la ayuda ni siquiera existían, en otros casos no recibían la ayuda y otros que fueron beneficiados a medias con los proyectos.

Portillo declaró que esa lista de imputados podría alargarse conforme sigan las investigaciones, teniendo en cuenta que aún quedan 17 organizaciones que deben ser verificadas por el Ministerio Público.

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