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ASUNCIÓN.- Fernando Lugo recurrió a la Corte Suprema de Justicia con un pedido de inconstitucionalidad a la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que declaró que no puede volver a postularse a la Presidencia de la República. Según su abogado, el exobispo es un “perseguido político”.
De a poco, los luguistas van entendiendo que hay cosas que no pueden aplicarse en nuestra legislación. Si bien siguen con la loca idea de que su líder está habilitado para volver a postularse como presidente de la República, por lo menos ya entendieron que en nuestro país no existe la certeza constitucional, así que ahora lo que hicieron fue presentar un recurso de inconstitucionalidad –que sí existe- en contra de la resolución del TSJE, que dice categóricamente que NO puede volver a ser candidato.
Según el abogado de Lugo, Marcos Fariña, el principal propulsor de la teoría agarrada de los pelos que dice que su jefe está habilitado porque la Constitución prohíbe la reelección para los presidentes y no para los expresidentes (hasta al escribirlo parece un chiste), el TSJE se extralimitó en sus funciones, aunque no queda claro por qué.
Lo que hizo el máximo tribunal electoral fue responder a una denuncia presentada por el Partido Colorado en contra de Lugo por realizar publicidad engañosa, al presentarse a la ciudadanía como candidato a la Presidencia, sin estar habilitado para ello.
El TSJE dio la razón a los colorados y emitió la sentencia en la que claramente dice que es cierto, no está habilitado. Esto, según Fariña, es extralimitarse en sus funciones, argumento que utiliza en la acción de inconstitucionalidad presentada ayer, en la que, además, pretende mostrar a su cliente como un perseguido político. Adivinen quién es el culpable de esta persecución; obvio, el presidente Horacio Cartes, el culpable de todos los males de todo el mundo.
Será muy interesante conocer la decisión de la Corte. Si dice que la decisión del TSJE es constitucional, quedará claro que la candidatura de Lugo no lo es. Si, vaya a saber por qué, decide que es inconstitucional, significará que el exobispo estará habilitado. El sentido común y un básico conocimiento de la Constitución nos indican que su decisión deberá ser el rechazo de la acción de los luguistas, pero el sentido común a veces brilla por su ausencia.
