Martes , septiembre 25 2018
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Hay que ajustar la política salarial

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La legislación laboral experimentó un avance sustantivo con la promulgación de la ley que impulsó el actual gobierno, en el 2016, por la cual se ajusta anualmente y de manera automática el salario mínimo, de acuerdo a los índices inflacionarios. Hasta ese momento, el organismo encargado de estudiar su variación (Conasam) ni siquiera se reunía hasta que los indicadores del Banco Central no arrojaran como resultado un incremento de la inflación del 10%, para lo cual podían pasar 3 años y más, lo que significaba que a lo largo de todo ese periodo los obreros y empleados perdían todos los meses una pequeña parte de sus ingresos que, sumados, terminaban representando una merma considerable e irreversible de sus ingresos.  Sin embargo, a la luz de la experiencia, es necesario introducir ajustes a la normativa a los efectos de consolidar el objetivo propuesto, cual es la preservación de la capacidad adquisitiva del sueldo básico.

Vayamos a los hechos de la realidad. El pasado martes, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos dictaminó que el ajuste automático a ser pagado desde el mes próximo debe ser del 3,5%, equivalente a 71.000 guaraníes. Dicho porcentaje no incluye aún la suba de los combustibles, ni los efectos que de inmediato se sentirán en el costo de los productos que componen la canasta básica, por lo cual, el monto en cuestión será muy rápidamente absorbido y luego superado por el proceso inflacionario, controlado, bajo, exiguo o como quiera llamársele, pero proceso inflacionario al fin, que afecta el poder adquisitivo de los asalariados.

En términos prácticos, la pérdida que experimentaba el salario era la que se acumulaba a lo largo de aproximadamente 3 años y, desde la puesta en vigencia de la ley en cuestión, se redujo a uno, pero sigue habiendo una pérdida que ya no recupera nunca más el trabajador. Un monto pequeño en julio, otro en agosto, otro en setiembre y así hasta completar los 12 meses antes de que se produzca el siguiente ajuste, para reiniciarse otra vez el mismo ciclo. Y es eso lo que debe ser corregido, por una cuestión básica de justicia social.

Debemos abrir un debate serio, racional, sobre cómo evitar que esto siga sucediendo. Una fórmula podría ser invertir el mecanismo y que el ajuste no se aplique más en base a la inflación de los últimos 12 meses sino a la expectativa inflacionaria del Banco Central del Paraguay (BCP) para el siguiente año, como lo hacen en la Argentina y otros países. Si la banca matriz dice que será de 4%, pues bien, se incrementa el salario mínimo en ese porcentaje, que hasta podría ser en dos etapas, blindándolo así del desgaste que sufre con el método actualmente vigente y, colateralmente, contribuyendo en alguna medida a elevar el consumo, pues los muchos que ganan sueldo básico tendrían un poco más de dinero para gastarlo.

El otro tema que debe discutirse en el aspecto salarial guarda relación con los sueldos superiores al mínimo, que nominalmente permanecen estáticos pero, en los hechos, se van nivelando…hacia abajo. El que hoy gana 2.500.000 guaraníes, en tres años estará ganando sueldo mínimo. Y eso también debe ser objeto de análisis, para buscar alternativas que permitan ajustarlos también de forma anual, al menos para los que ganan el equivalente a 2 o 3 sueldos básicos.

El debate que proponemos es pues muy distinto a los reclamos que escuchamos formular cada tanto a los eternos dirigentes de movimientos sindicales, que solo repiten exigencias de imposible cumplimiento, como el aumento del 20 o 30%, que de implementarse llevaría a la quiebra de un plumazo a muchas empresas y provocaría numerosos despidos en otras.

Lo que planteamos es abrir una discusión que nos permita arribar a una política salarial justa, que no perjudique a los empleados, ni a los empleadores.

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