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Las “salidas” procesales de la jueza de garantías del Alto Paraná, Alba Meza, generan mucha desconfianza y llaman la atención de propios y extraños. La administradora de Justicia, en una de sus últimas actuaciones, se inclinó a favor de presuntos falsificadores de marcas de cigarrillos. En vez de culminar la causa, la extendió y nadie se explica del porqué. Esto se suma a otras “perlitas” dictadas por la citada magistrada, en causas anteriores, lo que le valieron el escrache público por medio de pasacalles.
CIUDAD DEL ESTE.–El jueves último, debían destruirse máquinas que eran usadas para falsificar marcas de cigarrillos y el envase de los mismos. Los aparatos fueron decomisados el 19 de julio del año pasado, durante un procedimiento efectuado en dos depósitos situados en el barrio Pablo Rojas, de la capital departamental. En el allanamiento se descubrió que se falsificaban envases con marcas de cigarrillos internacionales, los cuales luego eran cargados y “exportados” preferentemente hacia el Brasil. La persona que alquilaba el sitio fue procesado, pero meses atrás murió, según los datos.
Para esta mañana, a partir de las 10:00 está prevista una audiencia en la oficina de la jueza Alba Meza. En la misma, según el abogado de la querella, Federico Huttemann, quien representa a las empresas de las marcas de cigarrillos, Phillips Morris y Marlboro, se deberá definir como avanzará el proceso judicial. “Esto debía terminar con la destrucción de las máquinas, pero sigue dilatándose. Ahora supuestamente apareció otra persona que sería dueña de los aparatos y por eso se suspendió la destrucción”, relató Huttemann, quien agregó: “Ya se suspendió en dos ocasiones el procedimiento. Vamos a ver qué pasa mañana (por hoy)”, indicó el profesional.
Para la titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Patricia Stanley, también el actuar de la citada magistrada es llamativo. La misma junto con una comitiva estuvo la semana pasada para presenciar la destrucción de los aparatos. Pero eso no fue posible porque a jueza Meza, decidió suspenderla a última hora. La Dinapi fue la institución que investigó y denunció el hecho de falsificación de marcas de cigarrillos en julio del año pasado.
Las resoluciones de la citada magistrada desde hace tiempo son muy cuestionadas y llamativas en esta parte del país y los ejemplos sobran. Meses atrás, la magistrada fue escrachada mediante varios pasacalles que fueron colocados en varios puntos de la ciudad. En los mismos carteles la tildaban de haber sido beneficiada con la aprobación de un millonario crédito de un banco, presuntamente implicado en envíos irregulares de dinero al extranjero. Esta causa, “llamativamente” se tramita en su juzgado. Incluso en la misma, los fiscales Carlos Giménez, Juliana Giménez y Marcelo García de Zúñiga presentaron recusación contra Meza.
Además, fue muy criticada cuando resolvió que 136.390 dólares y G. 360.090.200 sean transferidos a dos cuentas abiertas en el juicio sucesorio del exfuncionario de Aduanas, Agustín Alegre Cano (fallecido en un percance rutero). La jueza, según los datos, no tuvo en cuenta la oposición del Ministerio Público, que sospecha que la citada suma eran productos de la coima.
Otro caso muy cuestionado y llamativo que tuvo como protagonista a Alba Meza fue la liberación en tiempo récord de cuatro uniformados procesados por supuestamente falsificar un informe policial para proteger a un homicida.
