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Cuando los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción decidieron imputar al ministro de la Corte Sindulfo Blanco, marcaron un hito ya que es la primera vez que un miembro activo del máximo tribunal de la República es imputado por quienes dependen de él para su nombramiento y confirmación. Igual situación enfrentará ahora el juez Gustavo Amarilla, quien tendrá a su cargo el caso.
ASUNCIÓN.- Dicen por ahí que siempre se hace leña del árbol caído. Pero este no es el caso del ministro Blanco ya que todo parece indicar que es pura coincidencia que justo cuando se trata su juicio político en el Senado, los fiscales decidieran imputarle por prevaricato, justamente uno de los delitos por los que fue acusado por Diputados hace más de un año atrás.
Y es coincidencia porque todo indica que –por lo menos en el Congreso- será declarado inocente y quedará impune de todos los delitos de los que se le acusa. Así que es de esperar que el caso en la Justicia tenga un resultado diferente.
Recordemos que para el nombramiento de fiscales y jueces, las ternas las arma el Consejo de la Magistratura y es la Corte Suprema la que debe elegir a quienes jurarán como tales. Así que la decisión de los fiscales René Fernández, Luis Piñanez y José Dos Santos puede considerarse muy valiente.
En la imputación por prevaricato también está incluido Víctor Núñez, pero él ya no es ministro de la Corte, sino consejero de Yacyretá, así que su proceso será mucho más sencillo. De hecho, los fiscales solicitaron al magistrado Amarilla, quien resultó sorteado en el caso, que decida si Blanco tiene fueros o no para decidir la siguiente acción a seguir. En el caso de Núñez, sí ya se solicitan medidas alternativas a la prisión pues ya no es ministro ni tiene prerrogativas.
A diferencia de lo que ocurre con el juicio político, el desafuero tiene un procedimiento mucho más sencillo, ya que solo se necesita mayoría simple de Diputados para que el ministro de la Corte pierda su inmunidad y pueda ser procesado como cualquier ciudadano común. Así que, si tenemos en cuenta que la Cámara Baja no tuvo problema en acusar a Blanco por varios delitos, tampoco lo tendrá para desaforarlo y que la Justicia Ordinaria haga lo que el Senado no puede hacer, enjuiciarlo.
Por extralimitarse en su competencia
El delito por el cual se acusa a Sindulfo Blanco (ministro) y Víctor Núñez (exministro) de la Corte es el prevaricato, que consiste en que “una autoridad, juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”, según el diccionario de la Real Academia Española.
El caso data del 2009, cuando ambos conformaron la Sala Constitucional con Alicia Pucheta de Correa (quien votó en contra) e hicieron lugar a un recurso de casación sin que se cumplieran las condiciones para hacerlo, lo que demuestra que, a sabiendas, tomaron una decisión injusta.
Según el escrito de la imputación, firmada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, “los magistrados se extralimitaron en sus competencias al realizar una nueva valoración de los hechos y de las pruebas”.
La denuncia en contra de Blanco y Núñez fue presentada por Peter Kennedy, quien los acusó por admitir ilegalmente un recurso de casación en contra de una sentencia de segunda instancia que anuló un juicio oral por apropiación y varios otros delitos.
