Amelia Flores (centro) en la sede del Juzgado, cuando presentó la denuncia por filiación en contra de Leo Rubín.
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Amelia Flores exige prueba de ADN

Amelia Flores, la indígena que denunció por violación a Leo Rubín y presentó una demanda de filiación en contra suya ante el juzgado de Mariscal Estigarribia, exige la prueba de ADN para su hija y el acusado, según el documento. El abogado del candidato a vicepresidente, Jorge Bogarín, había dicho que ella no aceptaba el examen de paternidad, lo cual resultó no ser cierto. Esa negativa era al ofrecimiento de realizar el procedimiento por vía extrajudicial.

ASUNCIÓN.- Todo parece indicar que Amelia jamás pensó en oponerse a que su hija se hiciera el examen de ADN para confirmar o desmentir la paternidad de Rubín. Si en un primer momento lo rechazó fue sencillamente porque eso fue lo que le obligaron a decir los abogados que forman parte de la defensa del candidato a vicepresidente, según reconoció ella misma en su declaración ante la Fiscalía de Mariscal Estigarribia. Además, lo querían obligar a hacer el procedimiento en forma extrajudicial; lo que podría resultar en una especie de simulacro de examen.

Pero ya con el asesoramiento del defensor público, Henry Fernández, cuando se presentó ante el juez multifueros Aníbal Ortiz Granada, de la localidad del Chaco, ella misma exigió la prueba de ADN, como único método válido para llegar a la verdad.

De todos modos, lo hecho por Rubín, de presentarse inmediatamente en un laboratorio –elegido por él- para que le tomen una muestra de sangre, no tendría validez para la causa, puesto que es el juez quien tiene que ordenar los exámenes y elegir el laboratorio que los deberá hacer.

En su denuncia ante la Fiscalía de Mariscal Estigarribia, Amelia había explicado con lujo de detalles lo ocurrido en su localidad, cuando, supuestamente, fue violada por Rubín, quien había llegado al lugar acompañado por un tal “Nery”.

Siempre de acuerdo a lo que consta en el documento de denuncia, la señora Flores comentó que luego de que se diera a conocer públicamente su caso, recibió la visita de 3 personas, una de las cuales le dijo que era abogado de Rubin, quien “me pidió retirar la demanda de la Codeni, me pidió no venir por Niñez y Adolescencia y que nada más haga. Me dijo que nada más mande hacer, ni ADN, para decir que yo quiero andar como indígena y que termine el pleito”.

“Tengo miedo de que me quiten a mi hija; no quise por eso venir aquí. No quiero que le hagan el ADN a mi hija porque me da miedo a que me quiten a mi hija. Me pidieron que no reciba ni a la prensa”, agregó Amelia en su declaración ante la Fiscalía.

El propio abogado Bogarín ha insistido varias veces en la necesidad de que Flores permita que su hija se someta al examen de ADN porque es la única prueba científica que puede confirmar o desmentir la paternidad del candidato a vicepresidente. Pero, tal como ella denuncia, se había negado anteriormente a que hicieran el estudio a su hija, sencillamente porque alguien del equipo de Bogarín le prohibió que lo hiciera.

INSISTEN EN QUE NO ACEPTÓ PRUEBA DE ADN

Jorge Bogarín, abogado de Leo Rubín.
Jorge Bogarín, abogado de Leo Rubín.

El defensor de Leo Rubín, Jorge Bogarín, insiste en que Amelia Flores, la indígena que había denunciado por violación al candidato a vicepresidente de la República por la alianza Ganar, se negó a someter a su hija –presunto fruto del hecho- a la prueba de ADN, y lo lamentó porque es “el único medio científico para encontrar la verdad”. Negó además la existencia de presiones.

Agregó que, supuestamente, Flores utilizaría la Ley 904, Estatuto de las Comunidades Indígenas, para hacer una presentación a fin de evitar la prueba de ADN, alegando que va en contra de la norma que protege los derechos de los nativos.

Bogarín negó que el abogado que viajó a Mariscal Estigarribia para conversar con la denunciante la haya presionado de alguna manera. Explicó que “el abogado fue y habló con la señora Amelia Flores; ella se ratificó en que ella había presentado esa denuncia en 2015, pero no sabía los motivos por los que no se había procesado su denuncia y no se había remitido al Ministerio Público”.

“En ningún momento se produjo una presión; de hecho, no tenemos las atribuciones y menos la intención de hacerlo”, concluyó.

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