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Las últimas elecciones municipales pusieron al desnudo la falta absoluta de control del gobierno al uso que le dan los partidos políticos al dinero que reciben del Estado. Se gastaron fortunas durante las campañas, que ni siquiera pudieron ser justificadas adecuadamente, y nadie puede hacer nada. Ahora hay planes de aumentar los controles con la intervención de los EE.UU.
ASUNCIÓN.- Hace tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de modificar a fondo la Ley de Financiamiento Político que hasta ahora es excesivamente permisiva y tolerante con los partidos, que reciben sumas millonarias del dinero público sin rendir cuenta de su uso y sin que haya un organismo que pudiera poner freno a este descontrol.
Este acuerdo firmado entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y su contraparte local, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso) con el Tribunal Superior de Justicia Electoral enfrenta a priori dos problemas importantes: en primer lugar, que el organismo nacional que deba participar sea uno cuyos tres integrantes están cuestionados e investigados por varios negociados realizados en la Justicia Electoral podría restar credibilidad a los resultados del trabajo que se piensa llevar adelante.
Además, cualquier trabajo que concreten debe ser puesto en vigencia a través de una ley sancionada por el Congreso y el año pasado ha quedado demostrado que legisladores de diversos sectores no tienen ningún interés en que el Estado pueda controlar el uso del dinero público por parte de la clase política. Y mucho menos establecer castigo al despilfarro.
De todos modos el plan está en marcha y tiene buenas intenciones, a pesar de algunos sus integrantes. La intención es mejorar el control al financiamiento político, para lo cual recurrirán a varias consultorías, para lo cual lo primero que se realizará ya en los próximos días son los llamados a concurso para quienes queden a cargo de ellas.
Todo esto empezó luego de las municipales, cuando se descubrió una cantidad de irregularidades cometidas por partidos y movimientos durante la campaña electoral, sin que exista autoridad competente para ponerles freno. La idea es generar un cambio en la gestión política, cuyos resultados se pudieran poner en marcha para las elecciones generales de 2018. Siempre y cuando en el Parlamento no pongan traba al proyecto.
