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ASUNCIÓN. Hasta la fecha son cinco los consorcios que presentaron sus protestas contra diversas adjudicaciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. Existen fundadas sospechas sobre posible sobreprecio, porque los reclamos se dan principalmente por la masiva eliminación de las ofertas más baratas.
A raíz de la situación que se presenta, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió anular -a través de una resolución- la adjudicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para las obras de mejoramiento y rehabilitación del tramo ruta 5 Arroyito (Calle 18 Sur) – km 19,1 con ramales (Concepción).
Igualmente, existe fuerte tufo a coimas, en el proceso, en el que estarían involucrados tres funcionarios de la institución. Vale recordar que por Resolución 1603, el ministro Arnoldo Wiens, dispuso que el Comité de Evaluación de las licitaciones esté concentrado en tres funcionarios de la institución, cuyas adjudicaciones hoy son impugnadas o anuladas.
La obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo ruta 5 Arroyito (Calle 18 Sur) – km 19,1 con ramales (Concepción) fue adjudicado a la firma Talavera y Ortellado (Tocsa) por G. 72.821 millones (USD 12 millones), según reza en el documento con fecha del 9 de enero. Se trata de una de las tantas licitaciones de la cartera que fueron impugnadas por irregularidades en el proceso de evaluación de las ofertas.
La protesta fue promovida por la firmas Caldetec Ingeniería SRL y Chaves Construcciones SAE (Consorcio Arroyito), que consideraron que fueron descalificados de forma irregular, debido a que el MOPC no agotó la instancia de consultas para descalificarlos.
El ministerio eliminó a dicho oferente por la falta de acreditación de la propiedad de la planta asfáltica solicitada en el pliego. Sin embargo, el consorcio contaba con dichas maquinarias para ejecutar los trabajos encomendados.
Por otro lado, no se realizó las consultas pertinentes al participante para aclarar las dudas que pudieron surgir en cuanto a la planta asfáltica. “Resulta necesario que la convocante regularice el proceso licitatorio, de forma a que los motivos por los cuales se rechazan o aceptan las ofertas presentadas se encuentren debidamente consignados y que con ello los oferentes posean las garantías de un debido proceso”, señala el informe final de la DNCP.
Los responsables de las evaluaciones son el jefe de Gabinete, Édgar Ibáñez; el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Marín, y la directora de Planificación Económica, Diana Vera Mercado.
