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¿Quién determinó que los ciudadanos Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky sean investidos como senadores nacionales? No fueron los electores, entre quienes no cosecharon los votos mínimos necesarios para acceder a una banca desde la cual representarlos. Tampoco las autoridades electorales, las cuales, por tal motivo, no los proclamaron en su debido momento. Lo hizo solamente un sujeto, Fernando Lugo, con el beneplácito de sus colegas de la Cámara Alta, que no movieron un solo dedo para evitar que se cometiera semejante barbaridad jurídica e institucional. Y hasta ahora siguen sin hacerlo.
Hubo declaraciones condenatorias respecto al proceder ilegal e inconstitucional del exobispo, que se autoasignó facultades que no tiene él ni ningún otro presidente del Senado. Su sucesor, “Beto” Ovelar, fue uno de los más críticos. Sin embargo, tanto Friedmann como Gusinky continúan usurpando un cargo que no les pertenece y, aunque resulte delirante, desde esa posición aprueban leyes que nos obligan a todos los paraguayos a acatarlas, so pena de ser sancionados si así no lo hiciéremos.
Los supuestos “amantes” de la Constitución, guardan silencio. Esos que citan desordenadamente algunos de sus artículos, cuando les conviene, y desconocen olímpicamente los que no se ajustan a sus intereses, no dicen una palabra al respecto. No lo hace Desirée Masi, ni otros charlatanes como ella. Tampoco ABC color, ni sus periodistas que viven dando “cátedras” de derecho constitucional, al igual que Telefuturo y demás medios del Grupo Vierci. Pareciera que acordaron cubrir con un manto de impunidad este desvergonzado atropello a la ciudadanía y al Estado de Derecho, a caballo del cual se degrada el Senado a niveles insospechados y nos convierte en una republiqueta.
Imagínese el lector qué pasaría en otros países si un tarambana, en este caso Lugo, resuelve nombrar como legislador a dos personas según su antojo. Y no hablamos de Inglaterra o Francia. Aquí cerca nomás, en la Argentina, Brasil, Uruguay o Chile. La primera conclusión sería que donde eso ocurriera se desataría el infierno o, lo que es más probable, sus responsables terminarían rápidamente en la cárcel, si no en un hospital siquiátrico.
Pues bien, en el nuestro ocurre, pero nadie es procesado por eso, ni internado para ser tratado por demencia. Aquí pretenden dar vuelta la página y que tanto Friedmann como Gusinky prosigan en sus puestos, como si nada hubiera pasado, por el simple hecho de que son políticamente funcionales a los intereses del nuevo grupo de poder, porque son… ¡usurpadores añetete!
Frente a los hechos que están en curso, debemos exigir a los senadores que arreglen lo que ellos desarreglaron. Tenemos que hacerlo nosotros, los ciudadanos, sin amenazas de generar violencia ni incendiando la sede del Congreso, como promovieron los “amantes de la Constitución” el 31M, sino reclamando la inmediata restauración del orden institucional en la República.
En esta materia, la responsabilidad primera recae en el senador Ovelar, en su condición de presidente de la Cámara Alta. Es él quien debe anular de inmediato lo dispuesto arbitrariamente por Lugo, basándose en el informe que le remitió días atrás la única autoridad electoral, el TSJE, conteniendo los nombres de los senadores proclamados, entre quienes desde luego no figuran Freidmann ni Gusinky.
Este es el punto de partida para el reordenamiento constitucional. Entre tanto, el Senado puede funcionar con 43 miembros, hasta que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pedido mediante, aclare cómo debe procederse en los casos de Nicanor Duarte y Horacio Cartes, que sí fueron electos y proclamados.
De lo contrario, el deterior de nuestra democracia y el aumento de la conflictividad, serán inevitables.