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Se complica la situación del intendente liberal de Lambaré, Armando Gómez. Sin embargo, su caso no puede sorprender a nadie, se sabía muy bien quien era cuando se presentó como candidato del PLRA al referido cargo. Llegó con un antecedente realmente preocupante, procesado por una presunta estafa de tres millones de dólares a la conocida ganadera Maris Llorens.
Dentro de ese ambiente y tras hacerse público su caso, se presentó a las urnas y ganó. Es evidente que el pueblo no tuvo en cuenta el refrán que dice, “árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza”.
Pero ahora que el pedido de intervención de su administración fue aprobado por el Poder Ejecutivo y remitido a la Cámara Baja, se complica el panorama para don Armando y parece que recién “despierta” al pueblo y sus representantes, los concejales, reaccionaron y ojala sea a tiempo aún.
Apenas 9 meses lleva como intendente y ya se le acredita un posible importante fraude. Fue denunciado por la supuesta sobrefacturación de un arreglo de puente vecinal, que habría costado G. 958 millones. Asimismo se menciona una costosa y llamativa obra en una plaza, que supuestamente costó G. 500 millones.
En ambos casos, la sobrefacturación total habría ascendido a los 500 millones de guaraníes. La intervención fue solicitada por la Junta Municipal, con aprobación de seis concejales colorados y un correligionario suyo, Daniel Molinas.
Era evidente que éste jefe comunal no era ningún “nene”, y se sabía, porque era de público conocimiento la demanda que tiene y que se tramita en el juzgado del magistrado José Delmás. Se incluyen en la causa a su esposa Fabiola Bareiro de Gómez y una hermana de ésta, Annie Gibbons.
Hoy el intendente Armando Gómez, lejos de ensayar alguna defensa, sus abogados se pasan incidentando y trabando el proceso. Ya fueron 5 los fiscales recusados, con lo que no hacen otra cosa que prolongar el caso y “buscar recaudar más mientras”, según las malas lenguas.
Ahora, ante la nueva “demanda” que enfrenta, el pedido de intervención de la intendencia lambareña, Armando Gómez afirma que es víctima de una persecución política.
Y hasta acusó a su antecesor, Roberto Cárdenas, por los supuestos faltantes de G. 8.700 millones del Fonacide y una presunta deuda impaga de casi G.49.000 millones.
Pero ese es otro caso, él debería preocuparse del suyo y tratar refutar los argumentos del pedido de intervención, que incluyen 15 puntos, entre los cuales a más de las presuntas sobrefacturaciones mencionadas, están también el incumplimiento del contrato colectivo con funcionarios y la presentación extemporánea de la ejecución presupuestaria y balance del año 2015.
Es verdad, su administración el año pasado fue muy corta, desde el 20 de diciembre, pero se sospecha que recibió mucha plata del ejercicio anterior, de la que no habría rendido cuentas.
Señor intendente, si en verdad es inocente, preséntese ante la Justicia y ante la Cámara de Diputados a defenderse y a aclarar los cuestionamientos. No busques más excusas y basta de chicanas.
