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La delegación que ejercerá la defensa del Estado paraguayo ante la demanda planteada por Juan Arrom y Anuncio Martí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya viajaron a San José de Costa Rica. La audiencia pública será este jueves, a partir de las 09:00. Previamente, el miércoles, el procurador general, Sergio Coscia, y el delegado, Renzo Cristaldo, participarán de una reunión privada, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
ASUNCIÓN.- La demanda planteada por Arrom y Martí es por un presunto caso de tortura a cargo de agentes policiales, ocurrida a principios de 2002. Las presuntas torturas habrían ocurrido para obtener su culpabilidad por el secuestro de María Edith Bordón Debenardi, ocurrido meses antes, de acuerdo con la denuncia.
Tanto Arrom como Martí están acusados por el secuestro de Debernardi y tienen una investigación pendiente en el Paraguay, antes de que hayan solicitado su asilo político en el Brasil.
Autoridades del gobierno señalan que el caso de tortura fue investigado y desestimado. La postura de las autoridades nacionales, expresada en numerosas ocasiones, es que no se pagará lo solicitado por los demandantes, que supera los 63 millones de dólares, y peleará el caso.
La CIDH recibió la denuncia en 2002 y en el 2017 emitió un informe en el que se encontró culpable al Estado por haber sometido a Arrom y a Martí a tortura y desaparición forzada, y recomendó resarcir económicamente a las dos personas.
DEFENSA DEL PARAGUAY
La defensa paraguaya está integrada por el procurador general Sergio Coscia, el fiscal adjunto de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ricardo Merlo, y por el director de DD.HH de la Cancillería, Marcelo Scappini.
Asimismo, participarán los declarantes propuestos por el Estado: Óscar Germán Latorre ex Fiscal General del Estado, y el fiscal Edgar Sánchez.
El PGR informó que la delegación presente en la audiencia estará compuesta además por el embajador paraguayo en Costa Rica, José Félix Estigarribia; la directora de DD.HH de la Cancillería, María Noelia López; los procuradores delegados Renzo Cristaldo, Pablo Rojas, Belén Diana, además de la directora de DD.HH de la Fiscalía General del Estado, Alejandra Peralta, y funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio Público.
