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Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y organizaciones campesinas comenzaron ayer la revisión de la lista de los labriegos que deben recibir asistencia en el marco de la ley de emergencia a la agricultura familiar. En la lista presentada por la Coordinadora Nacional intersectorial (CNI) figuran 60.628 productores, de los cuales 5.461 nombres están duplicados, 235 menores de edad, 268 personas con orden de captura, 53 personas difuntas, 370 funcionarios públicos, 35.768 no registradas en el Registro Nacional de Beneficiados (Renabe), siendo el total de habilitados 18.473. Pretenden terminar la depuración a más tardar este viernes.
ASUNCIÓN.- El titular del MAG, Marcos Medina, indicó que con este sistema de registro no sólo los campesinos pueden acceder a verificar sus datos, sino toda la ciudadanía puede participar de la auditoría que consiste específicamente en el proceso de depuración del listado de productores presentado por las organizaciones campesinas que buscan ser beneficiarios por la Ley 5.868/17 “Que declara en emergencia nacional la Agricultura Familiar Campesina” en todo el territorio nacional.
Del proceso de verificación y cruzamiento de datos participan representantes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), además técnicos del MAG y representantes de las organizaciones campesinas. El encuentro se realizó en sede de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El ministro del MAG explicó que la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) había manifestado su disconformidad y desconfianza con el cruzamiento de los datos del Renabe y el listado presentado por ellos mismos, por lo cual se accedió a mostrar de manera pública todos los procesos de depuramiento del mismo, “para que ellos y toda la ciudadanía puedan ser parte de esta auditoría que se extenderá hasta este viernes”, acotó.
El secretario de Estado informó que se trazó como objetivo terminar la depuración de la lista a más tardar este viernes, a fin de iniciar de inmediato la aplicación de la normativa. Quedaron a cargo de este trabajo el IPTA, la FAP y la CNI. Sin embargo, la asistencia con kits de alimentos ya comenzó en Canindeyú y se pretende terminar a nivel país en un plazo de 15 días.
El Renabe es el registro compuesto por productores de la Agricultura Familiar, que desarrollan sus actividades agropecuarias en zonas urbanas, periurbanas e indígenas. Se trata de campesinos agricultores que formalmente otorgaron sus datos desde su creación en noviembre de 2014 y que aún hasta la fecha siguen registrándose, por lo cual para recibir la asistencia dictada en la Ley 5.868/17 deben estar anotados en el Renabe.
Los datos revelan que algunas de las coordinadoras y asociaciones que presentaron sus listados y que actualmente se encuentran siendo verificadas nuevamente mediante el Renabe son la Asociación Nacional de Cañicultores Agropecuarios (ONCA), la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Concepción (Cdocc), el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina, el Movimiento Agrario y Popular (MAP), la Coordinadora Departamental de Igualdad de Oportunidades de San Pedro y la Coordinación Regional de Canindeyú, entre otros.
De este listado que ya fue cruzado, el MAG determinó que existen en total 60.628 personas que solicitaron la asistencia de los cuales existen 5.461 nombres duplicados, 235 menores de edad, 268 personas con orden de captura, 53 personas difuntas, 370 funcionarios públicos, 35.768 no registradas en el Renabe, siendo el total de habilitados solo 18.473.
PIDEN SERIEDAD Y OBJETIVIDAD
Por su parte, Jorge Galeano, líder de la CNI, explicó que el listado de 62.000 personas entregado al MAG fue otorgado por los diferentes líderes y cabeceras departamentales y distritales, por lo cual ellos solicitaron que se realice este cruzamiento de datos con participación de los organismos internacionales FAO y el IICA.
En ese sentido, destacó “queremos de parte del gobierno y los diferentes sectores del campesinado haya seriedad, objetividad y responsabilidad, mediante la participación de organismos internacionales, para así dar respuestas a toda la sociedad civil; sin tener hechas esas evaluaciones, no queremos dar juicios de valor con respecto al listado presentado”.
Añadió que las personas que son beneficiarias del programa “Tekoporã” también tienen derecho a ser asistidos con dicha ley puesto que dicho programa tiene una finalidad diferente a la legislación aprobada.
