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ASUNCIÓN.- A pesar del álgido momento y la posibilidad de que Paraguay sea condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar 63 millones de dólares a los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí, el canciller nacional, Luis Castiglioni, parece estar muy agotado, por lo que solicitó 10 días de vacaciones. Retornará el lunes 14; mientras tanto lo reemplaza el viceministro, Hugo Saguier Caballero.
Parece absurdo que funcionarios de un gobierno que inició sus gestiones hace apenas 4 meses se sientan en la necesidad de tomarse vacaciones. Pero es exactamente eso lo que decidió hacer Castiglioni, como si su cartera estuviera bien encaminada y no se avizoraran conflictos internacionales.
Nada más lejos de la realidad. Se avecina un conflicto y grave, ya que puede implicar que el Estado paraguayo deba pagar 63 millones de dólares a Arrom y Martí, prófugos de la Justicia por el secuestro de María Edith de Debernardi en 2001, y que habían denunciado al país por secuestro y tortura. Ambos permanecen en carácter de refugiados en el Brasil, situación ésta que el gobierno nacional pretende cambiar a fin de extraditarlos.
La Corte Interamericana tomará una decisión sobre el tema el 7 de febrero próximo, por lo que es fundamental que el gobierno paraguayo convenza al brasilero de que cambie el estatus de los prófugos, ya que mientras permanezcan como refugiados, seguirán despertando solidaridad en organismos internacionales.
Castiglioni afirmó que el Estado paraguayo no pagará ni un solo centavo a “esos delincuentes” y hace 2 días había prometido conversar con su colega brasilero, el canciller Ernesto Araujo, sobre el estatus de ambos, en una muestra clara de que lo primero que se debe conseguir es que dejen de mostrarse como refugiados.
Por eso cayó como un balde de agua fría el pedido de vacaciones planteada por el ministro de Relaciones Exteriores en un momento en el que no se puede perder ni un segundo si se pretende evitar la millonaria sanción para el país. Falta poco más de un mes para que la Corte Interamericana tome la decisión al respecto, y para ello el gobierno paraguayo debe presentar evidencias que hagan que los jueces internacionales desistan de esta sanción.
Porque hay una cuestión bastante clara. No basta con que el canciller diga que Paraguay no va a pagar ni un centavo a Arrom y Martí. Si se confirma la sentencia del organismo internacional, mal que nos pese a todos, habrá que pagar, so pena de perjudicar gravemente la imagen del país en el mundo. Pero para eso hay que trabajar, no tomar vacaciones.
