El fin de un año, y el inicio de otro, no es más que un episodio cíclico, que representa el momento en que la tierra completa una vuelta en su órbita alrededor del sol, sin embargo, desde tiempos inmemoriales, se ha convertido en motivo de  trascendente celebración en la vida de los hombres.

Pareciera que las autoridades no entienden, ni quieren entender, que el Estado de Derecho diseñado por nuestra Constitución Nacional, se funda en el reconocimiento y compromiso de respeto irrestricto a principios, derechos y garantías, que se traducen en disposiciones enunciativas, dejando en manos de la legislación inferior, convertir tales enunciados en normas operativas.

Febrero de 1989 constituye un hito histórico muy importante para nuestro país. No porque se haya desalojado del poder a Stroessner, sino porque representa la destrucción de una matriz de gobierno, de un modo de relacionarse el poder con la sociedad, de conceptos y criterios políticos, sociales y jurídicos.

Los hechos que tomaron estado público la semana pasada, referidos a la aprehensión de un menor de 14 años de edad, por la supuesta comisión de un hecho punible en la vía pública, son absolutamente confusos, pero los “datos” difundidos son incuestionablemente claros.

  Histeria colectiva, según el diccionario de la lengua española es: “Comportamiento irracional de un grupo o multitud producto de una excitación”, y constituye una manera razonable de describir la legítima reacción que puede generar en una sociedad la sensación de inseguridad provocada por las reiteradas y constantes agresiones ilícitas a que se ve expuesta en la vía pública.

Para que la lucha contra la delincuencia y la inseguridad tenga alguna posibilidad de éxito, no puede (ni debe) ser el resultado de medidas emocionales adoptadas al calor de los reclamos sociales. Tampoco si quienes pretenden asumir posiciones de liderazgo en esa lucha, evidencian inclinación a la publicidad mediática de sus acciones, transmitiendo imágenes y actitudes abiertamente reprobables.

La semana pasada, fue presentado en la Cámara de Diputados, un “Plan de Seguridad Ciudadana, un compromiso de todos”, que según se dijo, tiene como objetivo combatir  “motochorros”, ante el auge de la inseguridad producida por hechos protagonizados mediante esta modalidad delictiva.

Los avances tecnológicos permiten transmisión de datos e información “en tiempo real” y la masificación del acceso a instrumentos de recepción, hacen que podamos acceder a cualquier tipo de noticia, desde cualquier parte del país y el mundo, inclusive, en nuestros teléfonos celulares. Ello ha permitido –del mismo modo– que nos convirtamos en periodistas y reporteros, produciendo y difundiendo información, …

En las últimas semanas (quizás meses) hemos sido testigos de una importante escalada de violencia callejera, protagonizada por delincuentes que utilizan motocicletas para cometer sus fechorías a bordo de biciclos, sin patentes, ni identificación, calzando cascos que les cubre íntegramente el rostro, posiblemente bajo los efectos de drogas, quienes portando armas de fuego o cuchillos, se dedican a asaltar transeúntes …

El debate sobre la vigencia o no de la Ley Nº 323, de Fueros, cuya aplicación se pretende en el caso de Paraguayo Cubas, es resultado de la deficiente práctica procesal que se ha institucionalizado en nuestro país, como consecuencia directa e inmediata de la falta de preparación intelectual y académica de los operadores de justicia. La calificación legal de …

Aproximadamente 40 años atrás conocí la cárcel de Tacumbú, cuando fui a visitar a un abogado preso por violación de la “resucitada” ley de fueros. El procesamiento y privación de libertad del Dr. Carlos Antonio Vasconsellos López -según recuerdo- se justificaba en la “molestia” que provocara a las autoridades judiciales de turno, haber reclamado celeridad en la regulación de sus …

En diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la Resolución N° 1.059 por la cual formula acusación ante la Cámara de Senadores contra Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac Albertini y César Garay Zuccolillo, miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de someterlos a Juicio Político.