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ASUNCIÓN.- La avalancha de pedidos de medidas sustitutivas de libertad (cuatro mil presos están con derecho a solicitarla), las pulseras electrónicas para controlar prisiones domiciliarias (costarán US$ 300 dólares mensuales por cada reo), así como el trabajo (mañana y tarde) de jueces, son algunos de los aspectos problemáticos que surgirán de la modificación de artículos del código Procesal Penal.

“Cuatro mil personas estarán en condiciones de solicitar de manera inmediata alternativas de prisión, habrá una avalancha de revisiones de medidas. Hablamos con el presidente de la Corte sobre la necesidad de que jueces trabajen de mañana y tarde, duplicar el tiempo de trabajo para dar respuestas a todos los pedidos”, señaló a la 970 AM la diputada Rocío Vallejos.

La misma advirtió que el hecho de que sea esa la cantidad de personas que pueden pedir revisión de sus medidas de prisión, no significa que necesariamente saldrán en libertad condicionada.

“Esta modificación no implica que todo el mundo tenga que salir libre. El poder de cada caso lo tendrán los jueces, que serán directamente los responsables de si se cumplen o no los requisitos para beneficiarse con las alternativas de prisión”, alegó la parlamentaria.

Sobre las pulseras electrónicas para controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, Vallejos dijo que ese aspecto llevará su tiempo, por el proceso licitatorio, por un lado, así como por el costo, por el otro. Añadió que el Poder Ejecutivo aún tiene que definir también sobre qué institución, si la policía o el ministerio de Justicia, llevará a cabo la ejecución del uso de ese artefacto electrónico, así como la estructura y personal que se encargará del control de los reos.