ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- La “avivada” de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apoyados por los funcionarios del Poder Judicial, de evitar declarar sus bienes y rentas, descansa en algunos errores deslizados en la misma Constitución Nacional, según lo entiende el senador Fernando Silva Faccetti, del Partido Liberal Radical Auténtico.
En la víspera, la Corte dio marcha atrás y anuló la última acción de inconstitucionalidad presentada por funcionarios judiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que pretendía la suspensión de varios artículos de la Ley 5033/13 “que reglamenta el Artículo 104 de la Constitución Nacional de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos”.
El legislador explicó que “el error está en la misma Constitución que presenta una dualidad al establecer que la revisión estará a cargo de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Cuentas, y por supuesto que los funcionarios y los ministros preferirán la revisión de alguien de la casa”.
Recordó que “Ellos (los funcionarios) presentaron una acción de inconstitucionalidad hace muchos años, en donde establecen que la Contraloría no le puede verificar, al igual que varias instituciones, varios municipios, no le pueden verificar y deben ser verificados por el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas es dependiente de ellos”, expresó. Esta acción fue aceptada por la Sala Constitucional y se dio lugar a la suspensión.
Asegura que los funcionarios del Poder Judicial se constituyen en ciudadanos clase A “porque la Ley de Transparencia a ellos no les afecta, ellos tienen sus propios reglamentos internos, no se rigen por las leyes de la República en lo que hace a la declaración de sus bienes y rentas”, dijo Silva Faccetti y agregó que “nadie fuera del Poder Judicial sabe cuánto ganan los funcionarios”.
