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¡Basta de impunidad para Aldo Zuccolillo!

“Prepararse para resistir a los usurpadores del poder”. El llamado no corresponde a la oposición venezolana, que enfrenta desde hace al menos un par de años a un régimen que obra al margen de la Constitución y las leyes, que persigue de manera implacable a la oposición y utiliza a la fuerza pública, así como a escuadrones paramilitares, para reprimir y en ocasiones asesinar a quienes tienen la osadía de hacerle frente. No. Es el título del editorial del diario ABC color, del pasado domingo, que de esta forma, sin el menor disimulo, incita a la violencia y al desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas.

Erigido en “sala constitucional” y presidida ésta por el mismísimo Zuccolillo, ABC adelanta que si la Corte Suprema de Justicia falla en contra de lo que “Él” considera correcto en ciertas materias, echará por tierra preceptos básicos de la Carta Magna y, en consecuencia, pondrá a los paraguayos “en una situación de ruptura del orden político legal, perpetrada directamente por un poder del Estado”.

El animal que fungió de editorialista, siguiendo desde luego los dictados de su patrón, “explica” que dicho panorama se configuraría si el máximo tribunal de la República respondiera positivamente a la certeza constitucional promovida por el Frente Guasu, referente a la supuesta habilitación de Fernando Lugo para volver a presentarse como candidato a la presidencia, lo que resulta harto improbable. O bien, si el Parlamento aprueba la enmienda proreelección -hipótesis altamente factible- impulsada por el oficialismo colorado, en conjunto con el luguismo y el llanismo, uno de los sectores más importantes del radicalismo auténtico, que en conjunto representan el 65% del electorado, por lo bajo.

En cualquiera de estos casos, según ABC, se consumará la “alteración del orden constitucional”  y el “quiebre del Estado de Derecho”. Hasta ahí podría tratarse de un delirio más de su dueño, de los tantos que expone cada vez con más frecuencia ante la opinión pública. Sin embargo, sus alucinaciones dan paso rápidamente a una línea política y mediática que representa una patada brutal al tablero jurídico de la república, al afirmar que si por cualquiera de las vías antes enunciadas resultaren electos Horacio Cartes o Fernando Lugo, “la ciudadanía estará autorizada a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance”.

Semejante “proclama” constituye un serio peligro y un atropello a la legalidad en cualquier parte del mundo, por lo que amerita sobradamente la intervención del Ministerio Público para investigar al director de ABC Color y proceder a su inmediata imputación, además de prohibírsele proseguir con esta campaña que descaradamente promueve la violencia.

Demás está decir que tanto ese diario, como sus aliados, pegarían el grito al cielo en caso de que la Fiscalía obre como corresponde. Escucharemos y leeremos todo tipo de peroratas acerca de la supuesta “violación a la libertad de prensa” y cosas por el estilo, cuando en realidad lo que reivindican, con absoluta impudicia, es la “libertad de delinquir” por medio de la prensa, con el agravante de que en este caso eso puede significar el luto para muchas familias paraguayas.

Sabemos de lo que en su mente tan enferma es capaz de hacer Zuccolillo. Lo hizo durante la “semana trágica” de 1999, que estamos en vísperas de conmemorar su 18 aniversario, y en los meses y años subsiguientes, actuando como cómplice y encubridor de los asesinos. Volvió a hacerlo en el golpe fallido de mayo del 2000, esa vez como financista, según declaró su amigo personal, Alfredo Luis Jaegli. Por lo tanto, no sería de extrañar que su demencial editorial sea la antesala de otra “aventura” suya contra la democracia, a la que jamás en su vida rindió culto.

 La pregunta es si encontrará en esta oportunidad a los Lino Oviedo o “Rambo” Saguier, de los que se valió en el pasado para llevar a cabo sus fechorías. Por lo pronto, algunos ya “sintonizaron” su discurso y hablan incluso de “tomar las armas”, como el sinvergüenza de Luis Alberto Wagner, entre otros.

Urge, pues, que el Ministerio Público tome cartas en el asunto. Es lo que cabe en un Estado de Derecho para defender la legalidad y las instituciones, explícitamente violada y amenazadas, respectivamente, por éstos bárbaros que se creen impunes.

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