ADN Digital
Mucho se ha hablado y escrito respecto al impuesto al tabaco. La mayoría del Senado quiere elevarlo de 16%, que abona actualmente dicho sector, a un piso del 30% y un techo del 40%. Diputados había modificado el proyecto, estableciendo a cambio un tributo de entre el 18% y el 22% y tiene la última palabra para reafirmarse en su posición inicial o dar curso favorable a la versión de la Cámara Alta. Mientras, la incertidumbre reina no solo entre los industriales del ramo, sino sobre todo en los más de 4.000 empelados que dependen de las tabacaleras, así como entre las 16.500 familias de agricultores que hoy tienen un mercado seguro para vender su producción y otras miles más que orbitan alrededor de dicha actividad económica.
No nos cansaremos de repetir que el proyecto del Senado tiene por finalidad la liquidación de las tabacaleras y no, como alegan sus promotores, recuperar por esa vía los gastos que realiza el Estado para hacer frente a los problemas de salud que generan el tabaquismo y, menos aún, responde a una cuestión de justicia tributaria. Solo un imbécil podría creer semejante cuento, pues ninguna empresa, sea del Paraguay o de cualquier rincón del planeta, sea un almacén de barrio o una corporación de las más poderosas, soportaría que le eleven los impuestos al doble de lo que ya viene aportando. En tales circunstancias, el negocio dejaría de ser rentable y sencillamente cerraría sus puertas, lo que en este caso produciría, además de un desastre social, una reducción importante en las recaudaciones del Tesoro.
En efecto, el sector tabacalero es en el presente y desde hace varios años uno de los principales contribuyentes. Solo entre el 2014 y el 2016, desembolsó a favor del fisco nada menos que 365 millones de dólares. ¿Podría aportar más? Seguramente que sí, al igual que otros sectores, pero en un marco racional, que permita una mayor recaudación y no ponga en riesgo de muerte a esa formidable fuente de ingresos del Estado, ni los millares de puestos de trabajo que representa.
Pero claro, no es eso lo que persiguen quienes defienden el “impuestazo”. La verdad, les interesa tres pepinos lo que recaude el Estado, lo que éste destine a salud pública, ni el empleo. Lo único que tienen en la cabeza es cómo causarle el mayor daño posible a Horacio Cartes, propio de mentes muy estrechas, pequeñitas, que creen poder usar discrecionalmente la política tributaria como garrote para castigar a sus enemigos y no toman en cuenta ninguno de los factores antes mencionados.
¿Y qué va a pasar en torno a este tema? Todo hace suponer que la Cámara Baja se reafirmará en su postura, estipulando una suba que podrá ser absorvido por éstas y permitirá elevar un poco más la reaudación proveniente de sus actividades, pero sin amenazar de muerte a “la gallina de los huevos de oro”.
Esto es lo que corresponde, aunque siempre hay margen para que la política, muy mal entendida por cierto, haga lo suyo y terminen primando otros criterios, como los esbozados por el futuro ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, quien en declaraciones inorpotunas y a contramano de lo que habían resuelto sus compañeros diputados, dijo que estos ahora tendrían que respaldar lo dispuesto por el Senado, lo cual sería un despropósito y reabriría la grieta que separaba a oficialistas y disidentes.
Cualquiera sea la decisión que finalmente se adopte, no hay derecho a que tanta gente afectada a esta cuestión viva desde hace meses en la zozobra. Que se levante todos los días con el temor de recibir la mala noticia de que en un plazo determinado perderá su puesto de trabajo o que no tendrá más mercado al cual vender sus productos o prestar sus servicios. Esto debe terminar de una vez por todas.
En manos de los diputados está cerrar, ¡por fin!, este largo capítulo. Esperemos que lo hagan en base a la razón y a la conveniencia de todos, no como sus pares del Senado, cuyos reiterados desaciertos, incluyendo este último, hará que carguen con el estigma de haber sido una vergüenza en nuestra historia legislativa.