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Ya no hay vuelta que dar y sin rodeo alguno hay que decir que los protagonistas de la marcha campesina son unos haraganes. Sin embargo, éste “líder” de los labriegos, Jorge Galeano, quien fuera denunciado por coacción grave e invasión de inmueble ajeno y figuró como funcionario del Senado (habría sido secretario de Sixto Pereira con salario de G. 2.700.000) durante el gobierno de Fernando Lugo e investigado también por homicidio doloso, ahora señala que su lucha es una “Batalla democrática patriótica”.
Sería oportuno avisar a la Real Academia Española (RAE) que la haraganería es ahora sinónimo de batalla democrática. Pero por favor, la democracia es el conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente.
Es decir, es un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. ¿Y qué están haciendo estos campesinos? Están pisoteando los derechos de muchos humildes trabajadores, aquellos que sí se levantan a las 4 de la madrugada y deben sortear sinfín de dificultades para llegar a sus respectivos lugares de trabajo o ir en busca de alguna changa para ganarse el “duro pan diario”.
Son aquellos que también tienen millonarias deudas, pero que luchan a brazos partidos para honrar sus compromisos con las entidades financieras, sin pedir condonación y menos perturbar la paz pública.
De ahí que las reacciones en las redes sociales son cada vez más fuertes. Los ciudadanos exteriorizan sus inquietudes, calificando a los campesinos de haraganes, inútiles, zánganos. Y los líderes de la marcha están logrando el rechazo, cada vez más creciente e incluso ya son odiados. Pero nada que ver con la “fobia a los pobres”, como quieren instalar los Efraín Alegre, Luis Alberto Wagner, Sixto Pereira, “Pakova” Ledesma, entre otros.
Hoy, gracias a la “burbuja de internet”, que desde la creación del Orkut, pasando por Facebook, Twitter, las apps de mensajería, como WhatsApp, Line, WeChat o Telegram, Instagram, etc, la ciudadanía ya no necesita que nadie hable por ella.
Ya pasó a la historia aquellos tiempos en que terceros se atribuían el “derecho” de hablar en nombre del pueblo, como la prensa, los sindicalistas vividores, los parlamentarios que tienen el marcante de representantes del pueblo, pero solo defienden sus intereses.
Ahora los seudolíderes de campesinos, como Jorge Galeano, Filemón Paredes, Luis Aguayo, Perla Godoy arrean a un centenar de labriegos, sinvergüenzas como ellos, para hablar en nombre de miles de campesinos. Cuando que en realidad los auténticos labradores de la tierra deben estar lidiando con sus cotidianas dificultades, como cualquier otro cristiano, ya sea de Asunción u otras ciudades del país.
Es indiscutible también que todos tienen el derecho a peticionar, a reclamar y hasta de manifestarse, pero nadie debe hacerlo en nombre del pueblo. No se puede pretender llevar adelante cualquier reclamo como si fuera el problema del pueblo y menos hacerlo en nombre de éste, con el cuento de la “batalla democrática patriótica”.
Otra cosa que descalifica a los líderes campesinos es la incoherencia. Comenzaron utilizando ciertos argumentos falsos, como eso de que el Gobierno no cumplió con ellos los puntos acordados durante la marcha de abril del 2016, referentes a la condonación de deudas. Cuando fueron rebatidos por los organismos del Estado, pusieron en marcha un “plan B” y entraron en aquello de “mal de otros consuelo de tontos” y hablaron de la asistencia que tuvo la azucarera Iturbe y el subsidio a los transportistas.
Tampoco pudieron instalar ese razonamiento, porque también fueron grandes beneficiados, con refinanciamientos de sus deudas o con la quita de intereses, que también es una condonación y el monto en ese concepto ascendió a millones de dólares.
Ante esa situación apareció el plan “C” y vuelven a referirse al proyecto de ley de refinanciación financiera y tanta es la desfachatez de esta gente que decidieron hablar solamente con miembros del Congreso, porque ahí tienen a sus “haleros” y seguramente están también por ahí los financistas de la movilización.
No quieren hablar con representantes del gobierno, porque en noviembre del 2015 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 5527 “De rehabilitación financiera para pequeños productores, de educación financiera y de protección contra las prácticas crediticias abusivas o engañosas”, cuyo encargado de aplicación es el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Pero con esa legislación, probablemente los “líderes” no podrán sacar provechos, porque su implementación se establece en base a la actividad agrícola demostrada.
La Ley 5527 es para que los pequeños productores, con problemas para pagar sus deudas por la caída de precios de commodities agrícolas o por factores climáticos, puedan contar con el sistema de refinanciamiento toda vez que sea factible.
Pero a los dirigentes campesinos no les interesa la solución de los problemas, porque quieren seguir viviendo bien sin trabajar. Mientras que a los inútiles políticos opositores les conviene cuanto más haraganes haya, para utilizarlos y tratar de desacreditar al gobierno.
Ya es suficiente, vayan a trabajar haraganes!!!.
