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ASUNCIÓN.- El Ministerio de Hacienda deberá liberar los fondos para pagar salarios a los contratados en la Justicia Electoral, casi todos operadores políticos y planilleros, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar al pedido de los miembros del TSJE. La Secretaría de Estado había argumentado que estos funcionarios habían asumido sin concurso público.
Es cierto que trabajar sin cobrar es una injusticia tremenda que nadie puede apoyar. Sin embargo, la decisión de Hacienda de no liberar fondos para pagar a los nuevos contratados de la Justicia Electoral estaba basada en la ley, puesto que ninguno de los nuevos funcionarios había accedido al cargo por concurso público, requisito indispensable en la Ley de la Función Pública, por la que se rige –o debería regirse- la institución.
La decisión de la Sala Constitucional, que estuvo integrada por Gladys Bareiro de Módica, Myriam Peña y Antonio Fretes, echa por tierra la ley y establece un nefasto precedente para beneficiar a operadores políticos de diferentes nucleaciones partidarias y planilleros que fueron contratados con sueldo pero sin funciones específicas en la Justicia Electoral.
Estos contratados no cobraban desde enero y Hacienda exigía que se cumpliera con las normas vigentes antes de liberar los fondos. Pero al dejar sin efecto todo lo relativo al concurso público para la Justicia Electoral, la Corte ahora obliga al Estado a que cancele los salarios pendientes, sin importar que hubieran o no trabajado los que los recibirán.
Este fallo de la Corte demuestra también que sin importar las graves denuncias que existen en contra de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, seguirán tomando decisiones y recurriendo a otros organismos cuando necesiten imponer sus decisiones.
No olvidemos que Alberto Ramírez Zambonini, Jaime Bestard y María Elena Wapenka están investigados por una variedad de delitos que tienen que ver con el despilfarro del dinero público. Como no es el Ejecutivo el que debe someterlos a juicio político o imputarlos por los delitos de los que son sospechosos, la decisión de cerrarles la canilla para que no siguieran contratando operadores políticos era bastante efectiva.
Pero, otra vez, una Corte Suprema de Justicia complaciente y venal tiró por la borda el trabajo de quienes pretendían hacer bien las cosas y evitar que el TSJE continúe con su carrera desenfrenada hacia el despelote total.
