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Los funcionarios de la Municipalidad de Asunción expresaron su preocupación por la inminente tercerización de algunos servicios en la Comuna. Según dijeron, temen que haya despidos masivos, incluso acusaron a la administración de Mario Ferreiro de tratar de “privatizar” los servicios. Consultado al respecto, el constitucionalista Jorge Vasconsellos, aclaró que está prohibida la privatización de los recursos o bienes públicos, pero las concesiones pueden ser efectuadas cumpliendo con todos los requisitos legales. El intendente y sus asesores se reunieron ayer con los gremialistas para “desmentir rumores de privatización”, según dijo el jefe comunal.
ASUNCIÓN.- El Sindicato de la Municipalidad de Asunción cree que tarde o temprano llegarán los despidos en la institución, a pesar de que el intendente Mario Ferreiro afirma lo contrario.
Gladys Méndez, una de las voceras del gremio señaló que ya se estableció el pliego de bases y condiciones y que una empresa privada tomará las riendas de las áreas de recaudación, catastro y otras dependencias.
En ese sentido, sostuvo que esta medida es preocupante no solo para los funcionarios sino también para los contribuyentes, dado que sus datos particulares serán manejados por manos privadas.
Igualmente, criticó la tercerización del estacionamiento tarifado que comenzará a regir en los próximos meses y afectará el bolsillo de la ciudadanía ya que se cobrará por hora. Aseguró que los funcionarios poseen la suficiente capacidad para velar por los intereses públicos y que no se necesita de ninguna firma privada.
Según los datos, alrededor de 1.800 personas integran este sindicato y sus representantes fueron recibidos ayer por el intendente Mario Ferreiro.
El abogado constitucionalista, Jorge Vasconsellos, consultado referente al tema indicó que conforme al Art. 15, inc F) Ley Orgánica municipal Nº 3.966 se puede otorgar concesión. Los recursos o bienes públicos municipales no pueden ser privatizados, salvo autorización legal expresa. Esto indica que todos los servicios pueden ser tercerizados, respetando toda la ley Orgánica Municipal, que se inicia con la autorización de los concejales y culmina con la anuencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
