El presidente brasileño Jair Bolsonaro, simulando un arma con sus dedos.
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Bolsonaro liberó venta de fusiles de asalto y hay polémica en Brasil

El decreto del presidente Jair Bolsonaro, que dos semanas atrás flexibilizó el porte de armas de fuego enfrenta cada vez más críticas y contestaciones de la Justicia, del Congreso y de los gobernadores estatales, sobre todo luego de que se reveló que la medida posibilitará que ciudadanos comunes compren fusiles de asalto como los que son utilizados comúnmente en las masacres escolares en Estados Unidos.

RÍO DE JANEIRO.- Firmado por el mandatario el 7 de mayo, el decreto permite que armas antes restringidas a policías y militares -como el rifle de combate T4, fabricado en Brasil por la empresa Taurus- ahora sean compradas y usadas por civiles que cumplan con los requisitos legales.

La resolución mantiene las condiciones establecidas en el Estatuto de Desarme (2003), que prevé que el interesado presente un certificado de ausencia de antecedentes penales, comprobantes de aptitud técnica y capacidad psicológica y un justificante de “efectiva necesidad” para el porte debido a su actividad profesional de riesgo a por amenaza a su integridad física. Pero amplió el número de categorías que ya tendrían esa “efectiva necesidad” para incluir a políticos con cargos electivos, abogados, residentes de áreas rurales, camioneros y hasta periodistas que cubran casos policiales.

La medida también aumentó la cantidad de municiones que puede ser adquirida por año, autorizó que menores de edad practiquen tiro deportivo sin necesidad de un aval judicial, y abrió el mercado nacional para la importación de armas.

Ya la semana pasada, el Ministerio Público interpuso una acción ante la Justicia para suspender integralmente el decreto de Bolsonaro por considerar que excede su naturaleza reglamentaria y pone en riesgo la seguridad pública de todos los brasileños. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado emitieron dictámenes sobre el tema y apuntaron que el presidente habría extrapolado sus poderes al alterar una ley federal, que solo podría ser modificada por el Congreso.

Por su parte, la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber solicitó al presidente y a su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que presenten hasta hoy explicaciones sobre la disposición, que podría ser declarado inconstitucional. Y ayer, gobernadores de 14 estados y del Distrito Federal enviaron una carta al mandatario en la que pidieron su “inmediata revocación”.

“Juzgamos que las medidas previstas no contribuirán a hacer más seguros nuestros estados. Al contrario, tendrán un impacto negativo en la violencia, aumentando la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a criminales y los riesgos de que discusiones y peleas entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias”, resaltó el documento dirigido al Palacio del Planalto.

EL GOBIERNO DE JAIR AMENAZA LOS DERECHOS HUMANOS, DENUNCIÓ AI

El gobierno de Jair Bolsonaro, implementó en cinco meses medidas que amenazan los derechos humanos, como la flexibilización del porte de armas, sus políticas hacia comunidades indígenas y el control de las ONG, denunció Amnistía Internacional (AI).

“Hemos observado con atención su gobierno y desgraciadamente nuestra preocupación empieza a justificarse: el gobierno de Bolsonaro ha adoptado medidas que amenazan el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio”, afirmó la directora ejecutiva de AI en Brasil, Jurema Werneck.

El informe “Brasil para el mundo” expresa las preocupaciones de la entidad tras la llegada al poder en enero de Jair, un ex capitán del Ejército que a lo largo de su carrera justificó la tortura de opositores durante la dictadura militar (1964-1985).

Según AI, la “flexibilización” de la tenencia y el porte de armas, impulsadas mediante ordenanzas presidenciales, “pueden contribuir al aumento del número de homicidios” en un país que en 2017 registró poco menos de 64.000 asesinatos, casi 31 por cada 100.000 habitantes.

Esa tasa representa el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica. AI también denuncia el paquete de leyes anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, que pretende “legitimar una política de seguridad pública basada en el uso de la fuerza letal”, afirmó Werneck.

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