Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), extitular del MOPC y actual senador.
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Buzarquis recién en 2019 afrontará juicio oral

ASUNCIÓN.- El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y actual senador de la Nación, el liberal Enrique Salyn Buzarquis, enfrentará juicio oral y público por lesión de confianza en el último cuatrimestre de 2019. Ayer, fueron sorteados los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia. El político está siendo investigado por un daño patrimonial al Estado paraguayo por  US$ 600.000.

El Tribunal que juzgará a Buzarquis está integrado por María Fernanda García (titular), Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate (miembros). La causa por la que se le imputa al político liberal es por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza. El juicio oral y público está previsto entre el 4 y el 13 de setiembre de 2019.

Según los antecedentes del caso, el 28 de junio de 2014, la fiscala Victoria Acuña imputó al exministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis Cáceres, por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas por la contratación directa e innecesaria de una empresa italiana para una consultoría internacional. El agente del Ministerio Público estima un perjuicio de US$ 500.000 al MOPC y otros US$ 100.000 a Yacyretá.

La denuncia fue presentada por el entonces titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona.

De acuerdo a la imputación, la contratación directa resultó innecesaria, porque los estudios ya fueron realizados. Además, la empresa vinculada, ANAS S.P.A. (Anas International Enterprise S.P.A.) cobró, pero no presentó el trabajo estipulado en el convenio marco de cooperación.

A esto se suma que, Salyn Buzarquis, suscribió el convenio internacional con el representante de la firma extranjera, Pietro Ciucci, el 24 de setiembre de 2012, en la ciudad de Roma, Italia, y generó la obligación, no solo para el Estado paraguayo, sino para la Entidad Binacional Yacyretá, sin tener la representación para dicho efecto, en razón de que el Decreto del Poder Ejecutivo N° 9798 solo le autorizaba a viajar a la ciudad de Roma del 22 al 29 de setiembre de 2012, y no para suscribir convenio alguno.

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