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La Comisión de Investigación, conformado por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), habría cajoneado el informe sobre el sacerdote Carlos Ibáñez, acusado por abusos a menores. El resultado debió ser divulgado el pasado 21 de julio, pero se llamaron a silencio. El Sindicato de Trabajadores y de Empleados de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” exige saber el resultado de la investigación, indicando que toda la feligresía y el pueblo paraguayo desean saberlo.
ASUNCIÓN.- En una nota remitida al monseñor, Edmundo Valenzuela, Arzobispo de Asunción y Gran Canciller del Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, los trabajadores de la citada casa de estudios superiores exigen que se dé a conocer el resultado de los trabajos que realizó la Comisión Investigadora que se formó para aclarar las graves denuncias contra el sacerdote de origen argentino, Carlos Ibáñez.
“Considerando que ha vencido el plazo establecido para que la Comisión de Investigación, conformada a instancias del Arzobispado de Asunción, para investigar los hechos que giran alrededor del sacerdote argentino Carlos Ibáñez, acusado de abuso a menores, ejercicio ilegal del sacerdocio en nuestro país, falsificación de documento público, entre otros, en nuestro carácter de miembros de la Comunidad Universitaria, solicitamos una copia del dictamen de dicha Comisión”, dijo la nota remitida a monseñor Valenzuela y que está firmada por Julio López y César Benítez.
Atendiendo con los datos, todo indica que la comisión conformada decidió cajonear el informe que debió culminar ya el pasado 21 de julio. Todos los citados para declarar ya acudieron.
Esto hace suponer que la Iglesia Católica paraguaya sigue protegiendo a los curas que son denunciados por abusos contra menores, contraviniendo la orden del Santo Padre, Francisco.
Agrega que “considerando que este hecho que afectó la imagen, no sólo de la Universidad Católica, sino que perjudicó además la imagen de la Iglesia y fue de público conocimiento, solicitamos que el dictamen o informe de la mencionada Comisión de Investigación, sea publicada por todos los medios de tal forma a que la feligresía cristiana y ciudadanía en general tomen conocimiento y puedan tener participación directa de este proceso de esclarecimiento de los hechos”.
En la parte final dice que “consideramos que el delito de abuso a menores así como el de encubrimiento, tal como lo sostiene el papa Francisco, debe tener tolerancia cero, de parte de la Iglesia y de toda la comunidad”.
LOS ANTECEDENTES
Desde 1992, Paraguay cobijó al sacerdote argentino Carlos Ibáñez, investigado por denuncias de abuso sexual de al menos 10 jóvenes en Bell Ville, provincia de Córdoba (Argentina), a principios de los ’90. Estando suspendido por el obispado cordobés, Ibáñez igual ejerció sus funciones como sacerdote, oficiando misas, trabajando con jóvenes y paseándose por varias comunidades religiosas en nuestro país, hasta hace apenas unas semanas. Con la carta eclesial como respaldo, Ibáñez se metió de lleno al mundo académico, donde logró un status importante, pero que esconde otra trama: gran parte de los títulos que presenta son falsos, según las denuncias.
La entrada al país de Ibáñez resulta un misterio. Según los antecedentes, para julio del 92 ya existía orden de detención en su contra por parte de la Policía argentina. No obstante, según los investigadores del caso, ese mes el sacerdote ya se encontraba en Paraguay, donde consiguió hacerse de un buen pasar por un tiempo, con el apoyo de referentes de la Iglesia Católica. El 7 de agosto de 1992, finalmente Interpol Paraguay recibió el pedido de detención con fines de extradición contra el ciudadano argentino Carlos Ibáñez, por la causa abierta en la Fiscalía de Bell Ville, firmada por el juez Óscar Bertschi.
Recién dos años después, en 1994, la Policía paraguaya registró su arresto, ante el pedido internacional que pesaba sobre él. El 8 de agosto de 1995, según consta en los registros de la principal penitenciaria de nuestro país, Carlos Richard Ibáñez ingresó a Tacumbú, con la ficha Nº 290, por los cargos de corrupción de menores en Argentina y el consecuente pedido de extradición. En su registro de procesado figura como profesión “sacerdote” y en el documento no aparece el año en el que se radicó en Paraguay.
