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Mientras el pedido de juicio político duerme en el Senado, la Cámara de Apelaciones anuló el proceso judicial contra el contralor general de la República, Enrique García, porque cuenta con inmunidad. El mismo fue imputado por producción de documentos no auténticos en el marco del conflicto legal que tiene la firma Ivesur con la Municipalidad de Asunción, donde ejercía el papel de asesor jurídico. Fue responsabilizado por un despojo de US$ 3,6 millones a la comuna capitalina.
ASUNCIÓN.- El Tribunal de Alzada, conformado por los magistrados Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Delio Vera Navarro, hizo lugar a la apelación plateada por la defensa del contralor Enrique García y anuló su imputación. Los miembros, en mayoría, sostienen que el funcionario estatal cuenta con inmunidad, por ende, mal se le puede iniciar un proceso penal, sin que antes pierda este carácter.
Igualmente, el Tribunal anuló la providencia del 19 de marzo, así como las decisiones judiciales subsiguientes que se refieran a la situación procesal del Contralor General de la República, que hayan vulnerado la inmunidad –del imputado en los términos de la primera parte del art. 74 del Código Procesal Penal– en el marco de la presente causa, entre los que hoy se encuentra el acto N° 275 de la fecha 6 de abril de 2018, hoy recurrido.
Con ésta decisión, a la Fiscalía solo le resta recurrir a la máxima instancia judicial esta determinación. El Dr. Mayor Martínez, preopinante del caso, señaló que el contralor tiene inmunidad y hasta tanto sea destituido por juicio político, pedido que está estancado en el Senado, no se le puede iniciar ningún proceso penal. La causa hace referencia a un suceso del año 2016, cuando García era director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Fue imputado por producción de documentos no auténticos, en el marco del conflicto de la comuna con la firma Ivesur.
El contralor fue investigado por adulterar supuestamente las firmas de funcionarios judiciales para dejar constancia de que apeló un fallo que sentenciaba a la Comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.
Durante la pesquisa se realizaron pericias caligráficas a 21 funcionarios de distintas salas del Tribunal de Apelación, con lo que se había concluido una presunta adulteración de firmas y sello de la Municipalidad, en el documento que supuestamente recurrió a la apelación de la sentencia.
