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ASUNCIÓN.- Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, dilatan la decisión respecto a la apelación presentada por la fiscal Lorena Ledesma, en el caso Ulises Quintana.

El 6 de julio pasado, la jueza Magdalena Narváez otorgó la libertad ambulatoria al diputado altoparanaense, quien está procesado por hechos que son considerados crímenes, concretamente el narcotráfico en calidad de cómplice y el enriquecimiento ilícito. La magistrada, para darle la medida alternativa, violó la ley.

La resolución fue apelada por la fiscal de caso, Lorena Ledesma, quien además recusó a la magistrada. Los días transcurren y la Cámara de Apelaciones no se expide sobre la causa, lo que hace sospechar de otra posible “cocinada”.

De revocarse la decisión de la jueza Narváez, Ulises deberá volver a la cárcel, por lo que la defensa del diputado estaría presionando desde “arriba” para que eso no ocurra.

La propia Corte Suprema catalogó la decisión de la jueza como muy grave y envió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que investiguen el proceder de la misma, quien había admitido incluso que no leyó todo el expediente antes de sacar la resolución.

Por otro lado, Ledesma presentó la recusación contra Narváez por preopinar y por falta de imparcialidad. Alegó que incurrió en errores de procedimiento. La acción hace referencia a que la jueza dispuso una fianza real para el imputado, sin conocer que este no posee disponibilidad sobre sus bienes, ya que los mismos están embargados.

Además, las denuncias contra la jueza sostienen que la liberación de Quintana se dio de forma ilegal, ya que el legislador está procesado por hechos llamados crímenes, con lo que no se permite la concesión de medidas alternativas a la prisión.