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ASUNCIÓN.- Camilo Soares, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) durante el gobierno de Fernando Lugo, conjuntamente con Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la cartera, fueron notificados ayer que los días 8 y 9 de febrero de 2017 serán sometidos a un juicio oral y público por lesión de confianza, en el caso conocido como “coquitos de oro”.
La acusación de la fiscala Victoria Acuña refiere que el 17 de diciembre de 2009, como consecuencia de la ampliación presupuestaria de la SEN, tras una donación de US$ 100.000de Taiwán y con una declaración de emergencia de por medio, vía concurso de precios, fueron adjudicadas las empresas Distrimec y la distribuidora San Cayetano para la provisión de productos alimenticios por ofrecer los precios más bajos. Para ese efecto, la SEN pagó G. 494.671.858.
Posteriormente, entre el 21 y el 24 de diciembre, bajo la modalidad de contratación directa, adquirió más alimentos, siempre con relación a la declaración de emergencia para los departamentos de Ñeembucú, Concepción, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, afectados entonces por la sequía.
La representante del Ministerio Público asegura que por estas compras la SEN pagó G. 3.776.123.400, pero que si se hubieran pagado los precios consignados en el presupuesto del 17 de diciembre, el desembolso hubiera sido solo de G. 2.832.456.300, con lo que se registró un perjuicio patrimonial de G. 943.666.500 a la SEN.
Entre mayo y diciembre de 2009, la SEN adquirió coquitos a precios sobrefacturados de empresas que no se dedicaban al ramo panificados para entregarlos a familias afectadas por la sequía de los cinco departamentos ya mencionados. Orión Group fue la intermediaria que vendió a la SEN coquitos a G. 9.074 el kilo, a la que pagó G. 1.008.596.400, pese a que la firma Don Raúl incluso estaba en condiciones de venderle a G. 4.530 el kilo.
En marzo de 2014, el entonces juez penal de garantías Pedro Juan Mayor Martínez sancionó con 25 días-multa a Camilo Soares por trabar en reiteradas ocasiones su audiencia preliminar. La sanción representó unos G. 7.500.000, que luego apeló ante la Cámara, que confirmó la imposición de la medida disciplinaria. El abogado Álvaro Arias, representante de Soares, no fue sancionado.
