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Ya son cinco los legisladores que debieron dejar su banca y mañana pueden ser otros, lo cual genera los aplausos de sus críticos y la “comidilla” diaria en medios de prensa. Pero estas determinaciones, sin asidero constitucional ni precedentes en nuestra historia legislativa, no deben ser el centro de la actuación del Congreso, como de hecho lo son, sino de los órganos jurisdiccionales creados para el efecto. Así, no solo desatiende los principales problemas del país, sino se convierte en una fuente inagotable de inestabilidad política, que solo perjudica al país.

ASUNCIÓN.- Dos senadores fueron destituidos por sus colegas, otros dos más un diputado decidieron renunciar a sus bancas para evitar que les ocurra lo mismo. Todo esto, en menos de un año de haber asumido el nuevo Parlamento, algo que no se había dado antes en toda la historia política del país.

Resulta agradable pensar que el Poder Legislativo se está liberando de personas con oscuros antecedentes, quienes, en realidad, no debieran haber sido electos. Pero esta “razzia” dista mucho de ser motivada por la Justicia y la transparencia, sino, lisa y llanamente, por cuestiones y rivalidades políticas que nada tienen que ver con lo que dicen perseguir quienes tienen la mayoría, especialmente en el Senado.

Además, para evitar que esas personas puedan acceder a cargos públicos, hay que impedirlo desde el vamos, en la elaboración de las listas primero y en las elecciones después. Lo que no se puede hacer es dejar sin banca a alguien que fue electo por voluntad popular y tiene un caudal de votos que no debiera ser ignorado. La ciudadanía que lo eligió es la única que debería poder expulsarlo, a través de la revocatoria de mandato. Pero para eso hay que modificar la Constitución y hacer las cosas en serio.

Por si todo esto fuera poco, por si no bastara que se esté horadando el sistema republicano con el “show” que arman los medios y cierto sector ciudadano a través de la prensa, lo que, en realidad, están haciendo los legisladores es postergar el objetivo de su trabajo, que es hacer leyes que mejoren la vida de la población y le permita un mejor acceso a educación, salud y fuentes de trabajo.

Hay que terminar con este caos. Si hay senadores y diputados que tienen cuentas pendientes con la Justicia, hay que dejar que actúen los órganos jurisdiccionales. Lo único que deben hacer los legisladores es aprobar los desafueros solicitados y, en el caso de que alguno de ellos sea condenado de manera firme y ejecutoriada, destituirlos de manera automática. Ya no más show ni permitir que el Parlamento siga siendo la “comidilla” de los programas de chismes y ridiculeces.

Hasta ahora, los legisladores forzados a dejar su banca, ya sea por renuncia o expulsión fueron: José María Ibáñez (diputado-ANR), Óscar González Daher (senador-ANR), Jorge Oviedo Matto (senador-UNACE), Víctor Bogado (senador-ANR) y Dionisio Amarilla (senador-PLRA).