ADN Digital
Artículos relacionados
El presidente de la República, Horacio Cartes, remitirá mañana miércoles al Congreso Nacional el anteproyecto de modificación de la Política salarial, que dinamizará la economía y que hará justicia con un sector que ve que sus ingresos está perdiendo valor. El Ministerio de Hacienda asume que es una equiparación no un aumento salarial y destaca que es lo más justo. Sin embargo, un sector del Congreso ahora renuncia a sus “postulados ideológicos” con tal de oponerse a la iniciativa.
ASUNCIÓN.- El grupo del sector empresarial que cuestiona el proyecto de ley asegura que es parte de una campaña política populista del presidente Horacio Cartes. Los ministros de Hacienda, Santiago Peña, y del Trabajo, Guillermo Sosa, salen al paso de esta acusación. Peña explicó que “este proyecto no es del Ejecutivo, es fruto de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, y lo que hizo el presidente Cartes es acompañar y lo hizo después de elevar el acuerdo a consideración del Gobierno, mal se puede acusarlo de una doble intención”.
En cuanto al análisis de fondo, Peña aseguró que es lo más justo, aunque no sea más conveniente para la economía. “Es probable que no sea esa una determinación muy conveniente para el rubro comercial que se prepara para elevar su volumen de ventas de fin de año, puede que no sea el momento más conveniente, pero lo que primó es ese segmento que ha visto caer su salario mínimo. El 20% del mercado asalariado el que será beneficiado con esta medida y la idea es intentar recuperar el valor real de su salario”.
Fue tajante en la crítica de la pertinencia de momento en que el sector comercial intente una recuperación con las ventas de fin de año que se iniciará en octubre y se extiende hasta enero. El secretario de Estado apuntó que “no creo que sea equivocado el planteamiento; sí creo que es equivocado que el sector comercial genere utilidades sobre la pérdida del segmento más vulnerable de la economía” y agregó que “estimo que no es muy conveniente, pero es menos conveniente que el comercio tenga un margen de ganancia sobre la pérdida del personal que gana el salario mínimo”.
PROYECTO PARA EL MIÉRCOLES
El Ejecutivo debió entregar el proyecto ayer lunes, pero optó por una nueva revisión y Cartes sugirió posponerlo hasta mañana miércoles. El ministro del Trabajo estima que un lobby constante en el Congreso aceleraría su tratamiento y supone a que a finales de octubre la ley tendrá sanción.
Destacó Peña que el proyecto no generará inflación, sin embargo dinamizará la economía de forma permanente y apuntó que “a corto y largo plazos esta determinación conviene a todos los sectores de la economía; a los empresarios más, porque no serán ajustes bruscos, un ajuste del 5% siempre se puede acomodar más fácilmente que uno del 10%”.
DESIRÉE SE OPONE, CON UN ARGUMENTO NEOLIBERAL
Contraria a lo que siempre pregona y a sus “postulados doctrinarios e ideológicos” de izquierda, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Popular (PDP), se unió al discurso de la derecha representada en un sector del empresariado, con tal oponerse a la iniciativa del Poder Ejecutivo, la de apoyar la determinación de empleados y empleadores de cambiar la política salarial.
La senadora, con un argumento ultra neoliberal, dijo que el proyecto impactará en la economía por dos vías; el de la inflación y en el salario de un sector de la administración pública “porque algunos beneficios de policías y militares están fijados sobre la base del comportamiento del salario mínimo”.
Calificó la medida de “populista del presidente Cartes y levantó la bandera de las campañas políticas y el Congreso no se opondrá”, y se incluyó “que pocos dirán que no; diría que nadie en este momento”.
En similares términos, Carmen de Cosp; del gremio de Empresarios Cristianos asegura que “este proyecto generará inflación, y tiene aspecto de medida político electoral”.
NO INFLUIRÁ EN EL SUELDO PÚBLICO
La Ley de Responsabilidad Fiscal dice que el salario del sector público solamente se podrá aumentar una vez que aumente el salario mínimo del sector privado; pero esto no es obligatorio. El Presupuesto General de la Nación 2017 (PGN 2017) no previsiona un aumento de los salarios de los trabajadores del sector estatal.
Santiago Peña, ministro de Hacienda, explicó que la aplicación “no es obligatoria y tampoco es automática y de hecho se dio la misma situación en 2014. El ajuste de salarios del 2011, en el 2012 llevó a los salarios del sector público muy por encima del sector privado; hoy el funcionario público tiene salarios muy por encima del sector privado”. El salario del sector público creció a un nivel del 40% en 2012.
No obstante, el funcionario manifestó su preocupación por el riesgo del tratamiento que el Senado al PGN. “Creo que el PGN está en jaque indistintamente a la suerte del tratamiento del salario mínimo y está así desde el día mismo que presentamos el proyecto al Parlamento”.
Nuevamente llamó a la prudencia a los legisladores y destacó que “cuesta mucho armar un presupuesto y defenderlo durante un año su ejecución y destrozarlo en 10’ en una votación levantando la mano y eso termina afectando a todo un país”.
