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ASUNCIÓN.- El gobierno paraguayo trabaja en los expedientes que presentará como defensa ante la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como punto llamativo, se señalan incoherencias en el informe psicológico que es presentado como prueba de que ambos fueron secuestrados y torturadas por agentes policiales, como señala su denuncia, informó la directora de DD.HH del Ministerio Público, Alejandra Peralta.
Destacó que Arrom y Martí se negaron a ser inspeccionados por el Ministerio Público y sólo presentaron el certificado médico expedido por una práctica privada. La directora del Ministerio Público informó que Arrom presentó ese mismo certificado médico para reclamar indemnización como víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Lo llamativo es que el pedido lo presentó en el 2009 desde el Brasil, país en el que se encuentra desde el 2002 con status de refugiado político.
Agregó que la Defensoría del Pueblo, en el año 2013, aprobó el pago de 2.500 jornales en favor de Arrom como víctima de la dictadura, que a fecha de hoy asciende a unos 203 millones de guaraníes. Este monto está pendiente de pago porque debe presentarse él mismo para cobrar, indicó Peralta.
El informe psicológico presentado por Juan Arrom a la Defensoría del Pueblo y la misma que utiliza en su alegato ante la CIDH, fue firmado en 2002 por el doctor Carlos Portillo, marido de la actual senadora Esperanza Martínez y amigos ambos de Arrom y Martí, según informó la directora del Ministerio Público. Estos datos forman parte del expediente que el Estado presentará en la audiencia del 7 de febrero próximo, en la sede de la CIDH en Costa Rica.
“Con esta defensa que estamos preparando en contra de las acusaciones de Juan Arrom y Anuncio Martí, queremos dar un mensaje a la comunidad internacional de que somos un país respeta los tratados internacionales en materia de DD.HH.”, detalló.
Juan Arrom y Anuncio Martí demandan al Estado paraguayo por presuntos secuestro y tortura, en enero de 2002, en donde policías buscaban que admitan su responsabilidad en el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido meses antes.
La indemnización solicitada por ambos asciende a unos 63 millones de dólares, que el gobierno anunció que no desembolsará ningún pago, según lo expresado por distintos ministros del Estado.
BRASIL DARÁ “MÁXIMA PRIORIDAD” A PEDIDO DE REVOCATORIA DE REFUGIO POLÍTICO, DICEN
El vicecanciller Bernardino Saguier señaló que el gobierno de Brasil informó que dará la “máxima prioridad” al pedido del Paraguay de revocar el status de refugiados políticos, concedido a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Saguier dio detalles a su regreso de Brasilia, en donde el jueves entregó el pedido formal al canciller brasileño Ernesto Araújo.
El vicecanciller destacó la “gran receptividad” del gobierno de Brasil, que se manifiesta desde que el propio canciller recibió el documento a la entrevista posterior. Agregó que en los próximos días se tendrá una respuesta de la solicitud.
Arrom, Martí y Colmán están imputados en el Paraguay como responsables del secuestro de María Edith Bordón, en noviembre de 2001. Arrom y Martí denunciaron unos meses después, en enero de 2002, que fueron secuestrados y torturados por agentes policiales para admitir su culpabilidad.
Sobre esta medida, ambos están demandando al Estado paraguayo por unos 63 millones de dólares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demanda que el gobierno luchará en la audiencia marcada para el próximo 7 de febrero.
De la entrevista con el canciller Araújo, el viceministro agregó que destacó “la gran simpatía y coincidencia de principios” en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad pública, que comparten los presidentes Mario Abdo y Jair Bolsonaro.
