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ASUNCIÓN. Según el magistrado Pedro Mayor Martínez, integrante de la Cámara de Apelaciones que emplazó a la Fiscalía General del Estado a que, en un plazo de 10 días hábiles, presente las pruebas que justifiquen la acusación en contra de Reinaldo “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, se está haciendo un Tsunami de algo que tiene una solución sencilla.

Cuando se conoció la decisión del tribunal, la fiscala Lorena Ledesma dijo que se arriesgaba a que la causa se extinguiera ya que, con un solo funcionario, el juzgado no estaba en condiciones de recibir las pruebas por el gran caudal de documentación existente, agregando que toda la responsabilidad es del Poder Judicial.

El magistrado explicó que “la Fiscalía presentó en tiempo pero no acompañó las evidencias, y la magistrada emplazó por 48 horas para que presente la evidencia que sustenta la acusación. El Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo, eso ya es una irregularidad ya que la intimación por 48 horas es facultad de la magistratura y no existe la ampliación”.

“La cámara activó la válvula de seguridad y determinó que la Fiscalía General tome intervención y subsane el problema. La fiscala dice que no puede cumplir porque las evidencias son muchas; es más una cuestión de gestión que un tema de cumplimiento legal. La cámara no ve ningún problema. La Fiscalía lo que deberá hacer es ratificar la acusación y verificar los mecanismos que permitan acompañar la evidencia”, añadió.

El camarista dijo que se corre traslado ahora a la Fiscalía General para que se ratifique en la acusación y aporte los elementos. “Yo creo que es subsanable de todo punto de vista. Es un tema de falta de gestión que no se ha sabido implementar. Hemos tenido casos mucho más amplios y no hubo esos problemas. Cuestión de ponerse las pilas, organizarse y cumplir con lo que dice la ley”, expresó de manera contundente.

Desmintiendo a la defensa, que dice que la etapa está preclusa, dijo que “nunca pasamos a la etapa siguiente y que “no hay nada oculto, nada raro, nada grave. Lo que hay es falta de gestión del Ministerio Público que tuvo que haber articulado a tiempo los mecanismos que le permitan trabajar con el Poder Judicial. Si no hay perentoriedad en este tiempo no hay preclusión”.