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La grotesca batalla judicial del domingo en torno al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó el desconcierto y la inestabilidad en Brasil, cuando faltan apenas tres meses para unas elecciones presidenciales clave, que definirán el rumbo del país después de los recientes años de tumultuosa crisis político-económica.
BRASILIA.- En la prensa, los analistas coincidieron en resaltar los efectos negativos que dejó el forcejeo dominical en el que intervinieron el juez de guardia del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), Rogerio Favreto -quien ordenó la sorpresiva liberación de Lula -, el magistrado federal Sergio Moro -quien el año pasado condenó al exmandatario en primera instancia por corrupción y lavado de dinero y cuestionó la decisión de Favreto-, el juez instructor de los casos de la Lava Jato en el TRF-4 João Gebran Neto -quien rechazó la orden de su colega en la corte de apelaciones-, y, finalmente, el presidente de ese tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores -quien mandó mantener a Lula preso y el caso bajo competencia de Gebran Neto-. Con el país atónito, se instaló la idea de una “anarquía” en el Poder Judicial.
“La secuencia alucinante de decisiones judiciales sobre la prisión del expresidente Lula alimenta el descrédito de los tribunales y abre camino para aquellos que gustan de la confusión”, señaló el columnista Ricardo Balthazar en el diario Folha de São Paulo, al referirse a la serie de eventos que desencadenó el oportunista pedido de habeas corpus presentado el viernes a última hora por un grupo de legisladores del Partido de los Trabajadores (PT). “Los petistas continuarán explorando las fisuras en el Poder Judicial a favor de Lula, con la esperanza de aumentar así las chances electorales del partido. Si no funciona, el desorden sólo servirá para beneficiar a sus adversarios”, observó.
A pesar de llevar tres meses en prisión, Lula continúa como favorito para los comicios del 7 de octubre, con un 30% de las intenciones de voto, muy por delante de los otros aspirantes. El diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, del pequeño Partido Social Liberal (PSL), se ubica en segundo lugar con un 17% de las preferencias, seguido por la ecologista Marina Silva, de la Red Sustentabilidad (Rede), con 10%; y, empatados con un 6% de apoyos, los exgobernadores Ciro Gomes (Ceará), del Partido Democrático Laborista (PDT), y Geraldo Alckmin (San Pablo), del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Todos criticaron la imprevista orden de liberación expedida por el juez Favreto, de reconocida militancia en el PT, exasesor jurídico de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Lula y designado magistrado de apelaciones por su sucesora, Dilma Rousseff.
También fue muy debatida la rauda acción del juez Moro, quien dejó de lado sus vacaciones para intentar frenar la salida de Lula de su celda en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Se trata de un magistrado de primer grado que ordenó a los agentes policiales no cumplir con una decisión de un juez de segunda instancia. Según el analista José Casado, del diario O’Globo, el duelo entre Favreto y Moro desnudó una peligrosa crisis en el Poder Judicial.
DENUNCIAN POR “ACTIVISMO JUDICIAL” A MAGISTRADO
Un centenar de fiscales del Ministerio Público denunció ayer por “activismo judicial” al juez brasileño que ordenó excarcelar al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en un fallo finalmente anulado por una decisión superior.
La acusación contra el juez Rogério Favreto fue presentada ante el Consejo Nacional de Justicia y sostiene que, al dictar esa orden, el magistrado “violó flagrantemente el principio del colegiado, y, por consiguiente, el orden jurídico y el Estado Democrático de Derecho”.
Favreto aceptó el domingo un “habeas corpus” intentado por un grupo de diputados en favor de Lula, quien está en prisión desde el pasado 7 de abril, condenado a doce años por corrupción, y ordenó su “inmediata” liberación. Lo hizo como juez de guardia del Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), corte de segunda instancia con sede en Porto Alegre que en abril negó las últimas apelaciones de Lula en ese ámbito y ordenó su ingresó en prisión.
En su decisión, Favreto argumentó que, a pesar de que acciones similares ya habían sido rechazadas por el TRF-4 y por tribunales superiores, existía un “hecho nuevo”, que identificó en la condición de Lula como precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones del próximo octubre.
La decisión de Favreto fue cuestionada por el juez Sergio Moro, responsable por el caso en la primera instancia, y luego anulada por el magistrado João Gebran Neto, instructor de la causa en el TRF-4. Aun así, Favreto insistió y dictó un segundo auto ordenando otra vez la excarcelación y emplazó a la Policía Federal a cumplirlo el mismo domingo, pero las divergencias fueron finalmente zanjadas por el presidente del TRF-4, Carlos Thompson Flores.
Después de casi diez horas de embate judicial, Thompson Flores decidió que, frente al “conflicto de competencia”, valía la decisión de Gebran Neto, que ya había sido respaldada el mismo domingo por la Procuraduría General de la República.
