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ASUNCIÓN.- Casi todos días el abogado Luis Villamayor acude a las oficinas de Delitos Económicos, a cargo de la fiscal adjunta Soledad Machuca en busca alguna novedad en el caso que sus defendidos, los operadores de Petropar, iniciaron contra Patricia Samudio, presidente del ente. “Tenemos todos los elementos, presentados, para que la Fiscalía inicie una investigación, ni siquiera argumentan la demora, lamento que se retrase un caso que afecta no solo a la Asociación de Operadores de Estaciones de Servicio de Petropar (Aope), sino a 7 millones de habitantes, porque está en juego nada y nada menos que el futuro de Petropar”, dijo Villamayor, abogado de Aope.
La última ocasión que indagó el caso fue el viernes pasado, pero tuvo más dificultades adicionales debido a la huelga general del Ministerio Público. Asume que mientras no se descomprima este incidente presupuestario con el Ejecutivo “será aún más complicado que se fijen en la carpeta que presentamos; y esto (la denuncia contra Samudio) es algo muy grave, y es más el hecho que no designen al agente fiscal que tendrá a cargo la investigación”.
Las denuncias hechas con abundante documentación probatoria demuestran que Patricia Samudio privilegió a la empresa Monte Alegre SA, del asesor “ad honorem” de Marito Abdo, Conrado Hoeckle para la compra de 7,5millones de litros de gasoil. Solo por la operación, en la variación de precio, sin contar sus ganancias por la venta, la familia Hoeckle ganó US$ 1 millón.
Petropar compró demás gas licuado de un competidor local, vía excepción, y disparó el precio del producto. Samudio autorizó una licitación interna con precios mucho más elevados a la oferta internacional ocasionando un aumento del precio al consumidor a niveles muy altos.
La “licitación” de 4.000 toneladas ganó Copesa S.A. cuyo presidente es Pedro Ballota por valor de US$ 3,5 millones benefició a la competencia, y Petropar pagó US$ 100 más caro por tonelada, que es precio que facturó la empresa en su condición de intermediaria, ya que no es productor de GLP.
Patricia Samudio violó la ley de presupuesto al realizar depósitos en bancos privados que no fueron para el pago a proveedores del exterior. Ordenó a la dirección Financiera de la compañía la transferencia de los US$ 20 millones a un banco privado. El banco beneficiado (GNB) nunca fue utilizado por Petropar para el pago a proveedores del exterior, siempre se usó otros bancos (Itaú, BBVA y Citibank); contra lo que estipulan la Ley de Presupuesto vigente y un Decreto presidencial que dispone que todos los recursos públicos sean depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
