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ASUNCIÓN. Este año, The Financial Action Task Force, una organización intergubernamental, evaluará a Paraguay para valorar la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero y los sistemas financieros antiterroristas, para lo cual el grupo establece estándares globales.
A pesar de su voluntad de trabajar con EE.UU., los líderes de Paraguay han minimizado desde entonces la amenaza de la presencia de Hezbollah en el país. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, expresó dudas y pidió públicamente pruebas. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villkamayor, restó importancia al problema. Incluso, el presidente de la Corte Suprema intervino y dijo que no había pruebas de que Hezbollah estuviera financiando al terrorismo.
Los funcionarios del Tesoro de los EE.UU. en Paraguay transmitieron un mensaje claro: los que financian el terrorismo y lavan dinero para el crimen organizado pagarán un alto precio. Paraguay necesita hacer su parte.
Hoy día Paraguay se ajusta a la definición de paraíso fiscal de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo: “un país que impone un impuesto bajo o nulo, y que utilizan las corporaciones para evadir el impuesto que de otro modo tendrían que pagar en un país con tributos altos. Los paraísos fiscales no tienen “ningún impuesto o solo nominales; falta de intercambio efectivo de información; falta de transparencia en el funcionamiento de las disposiciones legislativas, legales o administrativas”.
Como es lógico, los paraísos fiscales están atrayendo cada vez más a organizaciones criminales, evasores de impuestos y oligarcas corruptos saqueando los recursos de los países, junto a compañías e individuos ricos que buscan evitar los impuestos. Parte de la razón por la cual las redes de financiación ilícitas de Hezbollah operan en el área de la triple frontera es que Paraguay carece de transparencia. La información sobre los dueños de las propiedades corporativas es virtualmente inaccesible, mientras la práctica de beneficiar a los propietarios -disfrutando de los beneficios sin aparecer en los registros de la empresa- está altamente extendida. La corrupción es desenfrenada, incluso para los estándares latinoamericanos; la clase política del país está plagada por conflictos de intereses, y el sistema judicial sigue propenso a la corrupción y al nepotismo.
