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ASUNCIÓN.- La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer ayer, a través de su portal web, un informe en donde constató una presunta sobrefacturación en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en tiempos en que Emilio Camacho se desempeñaba como interventor.
El INDERT adquirió de la Asociación Yvo Rory, 5 kilogramos de azúcar a G. 41.875, 5 kilos de granos de poroto a Gs. 41.500, 3 kilogramos de sal fina a G. 13750 y aceite de 5 litros a G. 52.500. Estas compras se habrían realizado hace ya 4 años, sin embargo se dieron a conocer recién ahora, situación que no fue explicada por el ente contralor.
El Instituto firmó un convenio en abril de 2012 con la Asociación de Protección y Promoción de la Naturaleza Yvy Rory, a quien entregó la suma de casi G. 1.000 millones.
“La diferencia existente entre los precios de los bienes adquiridos por la Asociación Yvy Rory de Local SA y los precios de mercado que regían en ese periodo de tiempo para tales productos, así como el pago adicional de gastos (técnicos y administrativos) por servicios inexistentes y de forma totalmente irregular e irrisoria, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por la suma total de G. 464.854.472”, indica el informe de la Contraloría.
Las firmas Yvy Rory y Local S.A. vendieron al Inder 4.150 kits para familias campesinas. Los mismos contenían aceite de 5 litros a G. 52.500, arroz de 5 kilos a G. 17.750, azúcar de 5 kilos a G. 41.875, fideo de trigo de 5 kilos a G. 20.480, harina de trigo de 5 kilos a G. 16.065, paquete de poroto de 5 kilos a G. 41.500, paquete de sal fina de 3 kilos a G. 13.750, y yerba mate en paquete de 5 kilos a G. 16.080.
Asimismo, la mencionada asociación cobró en concepto de gastos administrativos, la suma de G. 84.672.972, con lo que la suma total asciende a G. 997.672.972.
Desde la Contraloría General de la República realizaron una comparación de los precios de la Asociación, con los del mercado en esa época y descalificaron además el cobro de los gastos administrativos, con lo que finalmente estiman la sobrefacturación en casi G. 465 millones.
La elaboración de los indicios de hechos punibles contra el Patrimonio, estuvo a cargo de la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CGR.
