ADN Digital
Resulta espeluznante la irresponsabilidad con la que obran nuestros diputados y senadores cuando de proteger sus intereses se trata o, mejor, cuando buscan cualquier mecanismo que les mantenga fuera del alcance de la Justicia. Atropellan lo que sea para lograr el objetivo, desde los criterios jurídicos más elementales, hasta la razón.
Así lo demostraron, una vez más, al sancionar un mamarracho con rango de Ley, que reglamenta el artículo constitucional (201) relativo a la pérdida de investidura de los legisladores, cuya finalidad no es otra más que declarar que sus mandatos no pueden ser interrumpidos en tanto y en cuanto no exista una sentencia judicial condenatoria; un privilegio del que por cierto no goza ni el presidente de la República, quien puede ser echado por la ventana en cualquier momento, si existen los votos.
En ambas Cámaras obraron de manera canallesca. Introdujeron subrepticiamente en el proyecto unas cuantas “palabritas” que castran su esencia y hacen que ellos, en la práctica, nunca sean destituidos. Y no nos referimos al tipo de mayoría que se establece para el efecto (dos tercios), que torpemente caímos en la trampa de discutir por varios días, sino a lo que estipula una parte del artículo 3 de la normativa, que dice: “Para la determinación de un hecho punible, se respetarán las normas penales vigentes”, lo cual en terminos vulgares significa que debe culminar el proceso judicial para que, recién entonces, el parlamentario condenado pueda ser sometidos al proceso de pérdida de su investidura.
Pareciera que los legisladores se “insipiraron” en la maniobra realizada el año pasado en el Senado, cuando un sector presentó un muy buen proyecto de enmienda, pero para votar en contra. Y lo “perfeccionaron”, porque ahora reglamentaron un artículo de la CN que para ellos representa una amenaza potencial, a fin de convertirlo en algo completamente inocuo, que no pueda ocasionarles el menor daño, pues sabemos que en nuestro país los procesos judiciales puden durar 5, 10 y más años, tal cual lo corroboran casos como los de Walter Bower o Rafael Filizzola.
Así como están las cosas, en el Paraguay mañana mismo pueden ser sometidos a juicio político el jefe de Estado, los ministros de la Corte Suprema, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la fiscal general del Estado y el contralor general de la República, en cuyo caso ya está en marcha el proceso. Los diputados y senadores pueden removerlos de sus cargos a cualquiera de ellos sin siquiera estar imputados, menos aún condenados. Pero los “señores” legisladores decidieron no formar parte de las generales de la ley, en un claro abuso de sus facultades, y se irguieron en una “casta superior” muy por encima de los demás poderes del Estado.
Nos preguntábamos cuál fue la premura para que resolvieran a tambor batiente un tema de tanta relevancia. Pensábamos, con una dósis de candidez, que la proximidad de las elecciones los podía obligar a diferir su tratamiento para más adelante, porque los costos políticos son inevitables. Pero luego, al repasar las listas de candidatos caímos en la cuenta. Abundan en ellas imputados y procesados, algunos de los cuales podrían perder sus investiduras, si no ahora, como el senador Adolfo Ferreiro, entre otros, en el siguiente período constitucional.
Al margen de las hipótesis, lo cierto es que ayer fue sancionada una Ley que constituye una transgresión a nuestra frágil institucionalidad y un insulto a la ciudadanía.
Buscamos, pero no encontramos, una categoría para definir lo acontecido, por lo que decidimos llamarla como creemos que percibe la mayoría: Una chanchada política.
