Rosa Lorena Delvalle y Anderson Ríos, imputados en el caso.
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Claman protección para menor obligada a ingerir soda caústica

Los integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), claman protección a la quinceañera obligada a ingerir soda cáustica, en Pedro Juan Caballero. Solicitaron además que el Estado pague un tratamiento médico y sicológico adecuado para que la víctima pueda rehabilitarse, atendiendo las graves secuelas que le dejaron sus agresores.

ASUNCIÓN.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay dio a conocer el pedido luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impusiera medidas cautelares sobre el caso. Codehupy le puso el nombre de Panambí a la menor afectada que continúa internada en el Hospital del Trauma de Asunción, donde ingresó en enero pasado.

Conforme con los datos, a comienzos de febrero, el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitó a la CIDH que otorgara medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Panambí, que entonces se encontraba en terapia intensiva por una neumonía provocada por la aspiración del químico corrosivo.
Cladem denunció que Panambí había sufrido torturas y abusos sexuales, y trabajaba desde los 12 años en situación de criadazgo.

Informaron también que la adolescente fue certificada por la Fiscalía paraguaya como víctima de trata de personas, un delito por el que fue imputada la pareja para quienes trabajaba en la ciudad de Pedro Juan Caballero.  La CIDH respondió al pedido de medidas cautelares a comienzos de marzo y solicitó que el Estado paraguayo garantice el acceso de Panambí a un tratamiento médico adecuado y el cumplimiento de sus derechos.

Igualmente, pidieron que se adopte un plan para su atención y protección integral para el corto, mediano y largo plazo, según dieron a conocer los responsables de Codehupy.
“Ella fue abusada sexualmente, estuvo en una situación de criadazgo y maltrato, de violencia física (…). Su salud mental y emocional también está en riesgo. Absolutamente todos sus derechos fueron vulnerados, y eso no deja solo secuelas físicas”, indicaron.
Criticaron que la menor no haya recibido atención específica por haber sido víctima de abuso sexual, al tiempo de señalar que el Estado paraguayo no ha tipificado el criadazgo como un delito.

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