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En las últimas semanas (quizás meses) hemos sido testigos de una importante escalada de violencia callejera, protagonizada por delincuentes que utilizan motocicletas para cometer sus fechorías a bordo de biciclos, sin patentes, ni identificación, calzando cascos que les cubre íntegramente el rostro, posiblemente bajo los efectos de drogas, quienes portando armas de fuego o cuchillos, se dedican a asaltar transeúntes en la vía pública, con extrema brutalidad, hiriendo, y hasta asesinando a sus víctimas, sin importar si se han resistido o no.
Gran parte de la sociedad ha podido ser testigo de delitos perpetrados siguiendo este “modus operandi”, gracias a la extendida aplicación de circuitos cerrados de televisión en los sistemas de seguridad, generando legítima indignación.
Aunque la prensa y la sociedad han bautizado a estos delincuentes con la expresión rioplatense “motochorros”, la verdad es que, asaltantes y sicarios, comparten los mismos métodos, por la dificultad que representa para las autoridades su identificación, aprehensión y sometimiento a la Justicia. Basta con tener una motocicleta sin identificación, un par de cascos, y un acompañante con armas, para cometer todo tipo de delitos, y asegurar la impunidad.
La difusión de las imágenes captadas por circuitos cerrados de televisión, que retratan el momento mismo en que se producen estos hechos, ha permitido a la sociedad conocer de la brutalidad con que actúan, y su absoluto desprecio a la vida e integridad de sus víctimas, y la incapacidad de los órganos de seguridad, para combatirlos.
Pero, debemos ser claros, sinceros y honestos. La proliferación de este tipo de delincuencia, no es de responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional, que – sin embargo – es compartida por los tres Poderes del Estado.
La Policía, que se encuentra en el “frente de batalla”, en la primera línea de combate, es absolutamente inepta para establecer métodos eficaces de combate, y además, está infectada gravemente por la corrupción de Jefes y subalternos, quienes, en muchos casos, lideran organizaciones delictivas o se limitan a recibir sobornos a cambio de “zonas liberadas” que permiten operar con absoluta impunidad a los delincuentes.
Sin embargo, para cubrir su ineficacia y desviar responsabilidades, desde su más alta conducción, publican cifras estadísticas de aprehendidos, que al poco tiempo recuperarán la libertad, por decisión de fiscales y jueces. La misma Policía que nos dice que en el país operan aproximadamente mil trescientos “motochorros”, como si contara con un inventario de empadronados, se muestra incapaz de individualizarlos, encontrarlos y aprehenderlos.
Para disimular su ineficacia e inoperancia, la Policía (y el Ministro del Interior a la cabeza), pretenden de que la simple aprehensión de sospechosos es suficiente para establecer culpabilidades y asegurar la permanencia de aquellos en prisión, criticando el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Pero, ello no es, no puede, ni debe ser así, desde que la Constitución Nacional establece claramente el propósito y los requisitos de la prisión preventiva, del encarcelamiento cautelar, del régimen de libertad durante el proceso.
El Art. 19 de la Constitución establece: “…La prisión preventiva sólo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio…”, y a renglón seguido agrega “…Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad…” (Art. 20), distinguiendo claramente entre el encarcelamiento preventivo, y la pena carcelaria.
La sociedad no necesita, ni puede tolerar la violación de sus disposiciones constitucionales. No basta con aprehender sospechosos, se requiere que la aprehensión cumpla con requisitos que la ley establece, para que los agentes fiscales, sin dilaciones innecesarias, lleven a los detenidos ante un Tribunal para que los juzgue y los condene, conforme las pruebas regularmente colectadas, con absoluto respeto a las reglas del debido proceso legal.
La sociedad necesita que todas sus autoridades se involucren y comprometan a combatir el delito, por el camino del respeto a la Ley. Necesita de fiscales diligentes, que formulen acusación en diez o quince días, como máximo; jueces eficientes, que dediquen sus mejores energías a acelerar los trámites y dictar resoluciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
Hace falta -además- de los legisladores que comprendan la necesidad de instrumentos legales aptos, para facilitar la tarea de prevención y juzgamiento. La ley de “juicios de flagrancia”, que permita someter rápidamente a los sospechosos a juicio, para que establezca su responsabilidad, y sean encarcelados a fin de procurar la “…readaptación de los condenados y la protección de la sociedad…”.-
Lamentablemente las respuestas emocionales y efectistas que nuestras autoridades nos ofrecen, con el único propósito de acallar reclamos, no brindarán soluciones.
El endurecimiento de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad durante el proceso, la restricción de medidas alternativas, el aumento de las penas, o la flexibilización de las reglas de la legitima defensa, traerán como consecuencia el aumento de presos sin condena, la consagración de arbitrariedades, y empujarán a la sociedad a armarse en defensa de su vida y patrimonio, implantando modelos de conducta aún más violenta, legitimando linchamientos, haciéndonos retroceder en el tiempo, reivindicando las peores escenas de las películas del viejo oeste americano.
Restablecer la seguridad y paz social, defendiendo la vigencia del Estado de Derecho, es responsabilidad ineludible de todas las autoridades. De los tres Poderes del Estado depende escoger el camino correcto.
