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Quedó evidenciado que los concejales del denominado G-7 pretendían “cocinar” entre cuatros paredes la sucesión de la intendenta suspendida, Sandra McLeod de Zacarías. El juez Marino Méndez prohibió a los integrantes del legislativo comunal que traten la renuncia de la jefa comunal, que ellos mismos se negaron a analizar en plenario y por lo que fue retirada. Los ediles se molestaron por que el magistrado les “escupió en el asado” y lo denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
CIUDAD DEL ESTE.- El juez Marino Méndez concedió el recurso de amparo pedido por la intendenta suspendida de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, y de esa forma prohíbe a la Junta Municipal estudiar la renuncia de la misma.
Con esta decisión literalmente el magistrado “escupió en el asado” del G-7 de la Junta Municipal, quienes no podrán entre ellos y entre cuatro paredes como pretendían “cocinar” la sucesión de la Intendencia, que todo indica será destituida ya que es una decisión política cantada.
Hay que recordar que la intendenta McLeod presentó su renuncia, pero el G-7 se negó a tratar y por decisión del presidente de la corporación legislativa de entonces, Miguel Prieto, fue cajoneada. Con esto los ediles buscaban dilatar el proceso y luego acomodar entre ellos la elección del nuevo responsable de la administración comunal.
Ante la actitud de los ediles, Sandra decidió retirar la renuncia, pero los legisladores comunales nuevamente se negaban a aceptar la nota de desistimiento. Debido a esto, los representantes de los Zacarías presentaron el amparo constitucional.
La resolución judicial (del 26 de diciembre), firmada por el juez Méndez, refiere que la Junta actuó de forma arbitraria al negar la recepción de la nota de retiro de la renuncia presentada por McLeod, luego de cambiar de opinión.
Previamente Méndez había dictado una medida cautelar para que el legislativo se prive de tratar la renuncia de la intendenta y ahora confirma al dar lugar al recurso de amparo. Los concejales de la oposición habían atacado de inconstitucional la medida cautelar, pero no obtuvieron respuesta.
Con la disposición de Marino Méndez queda sin efecto la renuncia de Sandra McLeod, aunque igual está suspendida en el cargo porque su administración está intervenida.
Tras conocerse la decisión judicial, los ediles del G-7 decidieron dar poder a un grupo de 6 abogados para que presenten una denuncia contra el magistrado ante el JEM; esto sin muchos argumentos jurídicos. Los mismos se molestaron debido a que ya no podrán “negociar” entre ellos la sucesión de la intendencia, dejando de lado a la población que debe elegir a través de votaciones.
El denominado G-7 está integrado por Miguel Prieto (independiente), Herminio Corvalán (luguista), Lilian González de Aguinagalde (colorada), Celso Miranda (Cruzada Nacional) y los liberales, María Portillo, Javier Bernal y Teodoro Mercado.
