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Hasta el cierre de nuestra edición se seguía aguardando la condena del senador Víctor Bogado por cobro indebido de honorarios, al igual que Gabriela Quintana, por el caso conocido como de la “niñera de oro”. A pesar de lo expresado por sectores de oposición del Senado, no fue encontrado culpable de tráfico de influencias, que es el argumento que utilizan para someterlo a la pérdida de investidura.
ASUNCIÓN.- Senadores de varias bancadas de la oposición y algunos integrantes del sector añetete, utilizan como argumento para la pérdida de investidura de Bogado que fue condenado por tráfico de influencias, que es una de las causas que menciona la Constitución Nacional, que habla de que el hecho sea “fehacientemente comprobado”. Aseguran que al haber una condena, el hecho está más que fehacientemente comprobado.
Sin embargo, la condena de un año a Bogado, con suspensión de prisión, es por cobro indebido de honorarios y no por tráfico de influencias. Así que eso nomás ya hecha por tierra uno de los argumentos que con más insistencia esgrime la oposición, abiertamente dispuesta a destituir al colorado.
El Tribunal de Sentencia del que forman parte los magistrados Elio Ovelar, Víctor Medina y Juan Carlos Zárate, habían afirmado que ayer entregarían la condena de Bogado y Quintana a las partes, lo cual no se produjo en horas hábiles. De hecho, los senadores que se resistieron al tratamiento de su pérdida de investidura en la sesión del jueves anterior, habían solicitado que, por lo menos, se aguardara esta sentencia antes de tomar una decisión.
Los fiscales de la causa son René Fernández y Liliana Alcaráz, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, que habían solicitado 4 años de prisión para cada uno de los imputados.
En la sesión del jueves pasado, de la Cámara de Senadores, Bogado dio la cara ante sus colegas y aseguró ser inocente de todos los cargos ya que jamás cometió ninguno de los delitos de los que se le acusa, y afirmó que todo no es más que resultado de la persecución sistemática que ABC ha ejercido en su contra desde el año 2003, cuando, como presidente de Conatel, tomó una decisión que perjudicó a una empresa del grupo de la familia Zuccolillo.
