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Además del aumento decidido para médicos y docentes en el Presupuesto General de la Nación 2017 (PGN), los congresistas ya en comisiones siguen con los aumentos de salarios de funcionarios, sobre todo de los médicos. Existen retoques de montos muy elevados. El Ministerio de Hacienda constató que en algunos casos funcionarios que perciben G. 3 millones mensuales a partir de enero recibirán G. 20 millones. El Ejecutivo no decidirá hasta que tenga a la vista la versión total del PGN.
ASUNCIÓN.- El Congreso reglamentariamente está en plazo para el envío de la Ley del PGN 2017 sancionada y el presidente Horacio Cartes no se pronunciará hasta interiorizarse que otras variaciones introdujeron en la ley. No obstante son públicas las dos opciones: el veto (parcial o total) o promulgarla y solicitar urgente sesiones al Congreso para decidir ampliaciones que permitan a Hacienda cumplir con compromisos de la deuda.
Santiago Peña, ministro de Hacienda, tuvo conocimiento que las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras retocaron lo aprobado en sesión “y además del aumento general a médicos y docentes, decidieron incrementos indiscriminados; tocaron el anexo del personal y eso creará serios problemas al interior de los ministerios”.
Calificó de insensato el comportamiento de los congresistas “se están constatando que existen aumentos inexplicables; algunos funcionarios que ganan 3 millones de guaraníes tendrán aumentos a 20 millones de guaraníes”, protestó Peña y agregó que “el mismo ministro de Salud recibió la misma información”.
CARTES
El presidente de la República se tomará su tiempo. Si bien tiene manejadas las opciones con que cuenta decidió esperar hasta último momento para emitir su veredicto en relación al PGN 2017.
“Las opciones que tenemos son, el veto (total o parcial) o promulgar y de inmediato convocar al Congreso para analizar y decidir ampliaciones que devuelvan los recursos para cubrir deudas y recuperar la autonomía del Banco Central del Paraguay”; explicó Peña. De aprobarse el veto forzará a sesiones extraordinarias al Congreso para tratarlo y ambas cámaras necesitarán mayoría calificada para rechazarlo.
En esta acción se encuadra parte de las expresiones del jefe de Estado: “a los que no les gusta el progreso, que sigan llorando, porque esto no va a parar”, dijo Cartes en un mensaje a sus detractores durante la inauguración de una obra de IPS, en San Bernardino, ayer.
INCREMENTO DE SUELDOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES
El manoseo discrecional del dinero público por parte del Congreso para beneficiar a docentes y médicos irá en detrimento directo de los programas sociales que el Ejecutivo tenía previsto financiar durante 2017. El plan tenía por objetivo proteger a 150 mil ciudadanos en estado de pobreza y extrema pobreza; sin embargo los recursos de 48 programas sociales experimentarán recortes importantes para reprogramarlos para el salario de funcionarios públicos.
El Poder Ejecutivo no decidió aun el futuro del Presupuesto General de la Nación 2017, pero ve con preocupación el manejo del Congreso. Santiago Peña, ministro de Hacienda dijo que “Lo que decidió el Senado atenta contra la estabilidad económica y eso nos tiene muy preocupados”.
Parte de la exposición de motivos del gobierno en la presentación del PGN 2017 refiere que “ante la escasez de recursos y de crecientes necesidades de la población, el propósito del Gobierno Nacional ha sido y seguirá siendo optimizar el uso de los recursos del Estado y priorizar las políticas con alto impacto económico y social. Por primera vez, en más de diez años, en el año 2016 cerraremos con un crecimiento nominal de los gastos en remuneraciones de alrededor del 2%, lo cual significará la reducción de la carga del gasto salarial en 0,5% del PIB”. Siguiendo con esta línea de política de Estado, decidido no incorporar un incremento salarial para funcionarios públicos.
Destaca que “esto permitirá que programas sociales emblemáticos que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida en que se encuentran compatriotas paraguayos en situación de pobreza, como Tekoporã, llegue a un total de 150 mil familias beneficiarias. Esta ampliación en la cobertura que impulsa el Gobierno Nacional representaría un incremento en el número de beneficiarios en más del 80% en relación al 2013”.
El Congreso prefirió un manejo político electoral y echó por tierra el proyecto social del Poder Ejecutivo.
