ADN Digital
Tal como era de esperar, el Poder Ejecutivo resolvió vetar íntegramente el Presupuesto General de la Nación sancionado por el Congreso. Las razones, por todos conocidas, son más que suficientes. La mayoría que controla el Senado, compuesta por la disidencia de la ANR y sectores de la oposición, recortó groseramente la emisión de bonos para el 2017, dejando al Estado sin capacidad de honrar los compromisos de la deuda pública, limitó la facultad del Banco Central de implementar políticas monetarias a los fines de mantener la inflación bajo control y, alegremente, aumentó los gastos corrientes en concepto de sueldos, sin garantizar fuentes de financiación. Sorprendentemente, algunos senadores, responsables de haber convertido el proyecto de ley que rige la materia en un monstruo estilo Frankenstein, se mostraron muy “ofendidos” por la decisión presidencial y no faltaron los desquiciados de siempre, para quienes la determinación sería violatoria de la Constitución.
La cronología de los hechos demuestra, sin lugar a equívocos, quiénes crearon esta situación inédita. El Ejecutivo remitió su proyecto al Congreso en tiempo y forma, las cámaras integraron la Comisión Bicameral de Presupuesto, que en líneas generales le dio su visto bueno, Diputados introdujo un incremento salarial del 12% para los docentes y la gavilla que comanda el Senado, fiel a su práctica de los últimos dos años, se encargó de destrozar todo e imponer un plan de gastos que atentaba de manera brutal contra los intereses nacionales.
Para empezar, redujo la emisión de bonos de 558 a tan solo 300 millones de dólares, lo que significa dejar de pagar servicios de la deuda externa. A continuación le puso techo a la intervención del BCP para mantener una de las grandes conquistas en años, cual es la estabilidad de la moneda y, en consecuencia, de los precios. Y, por si eso no bastara, “infló” los gastos corrientes del Estado, esos que sí o sí deben ser cubiertos, como los salarios de docentes, entre el 10% y el 15%, de los trabajadores de la salud, del 12% al 18%, y para los funcionarios de la ANDE, en un 10%.
En resumidas cuentas, le restó capacidad de pago a la administración central, sentó las bases para que se dispare la inflación y aprobó aumentos que no tienen vías genuinas de financiación, impidiendo de esta manera la ampliación de programas sociales.
Los saboteadores de nuestra economía, porque no merecen otro apelativo, ahora vienen con el cuento de que “todo se hubiera solucionado si el Ejecutivo promulgaba el Presupuesto y, en un par de meses, solicitaba que se ampliaran ciertos rubros. ¿A quiénes iba a solicitar? ¿A Desirée Masi y Eduardo Petta? ¿A “Marito” y los seguidores de Efraín Alegre? Solo un estúpido caería en semejante trampa.
El delirium llegó a niveles superlativos cuando algunos legisladores, como Adolfo Ferreiro, hacen encuestas en las redes sociales acerca de si el veto “es o no legal” o directamente lo califican de inconstitucional, como Desirée, quien citó el artículo 217 de la C.N, referido a los plazos para tratar el Presupuesto (lo que no está en discusión) pero “olvidó” leer, o no pudo comprender, lo que en un fácil castellano establecen los artículos 209 y 218, en su inciso 4°, otorgando al presidente de la República la facultad de vetar, en forma total o parcial, las normas sancionadas por el Congreso.
Ahora solo resta seguir el procedimiento indicado por la Ley Base. Ambas cámaras deben expedirse sobre el veto, requiriéndose una mayoría calificada para dejarlo sin efecto, lo cual es altamente improbable, por lo que en el 2017 se ejecutará el mismo presupuesto del 2016.
Si llegamos a esta situación, en la que el Ejecutivo no tiene más opción que elegir “entre los males, el menor”, es a raíz de la “salvajada” cometida por un puñado de senadores que deshonran la investidura que ostentan, a quienes les importa un bledo los intereses de la ciudadanía y de la Patria. Y ante ellas deberán rendir cuentas cuando, con la caradurez que los caracteriza, quieran ser electos por segunda, tercera o cuarta vez, porque para ellos la reelección es, hasta ahora, indefinida.